El Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) representan los actores de mayor relevancia en el gran compromiso nacional de relanzar la educación básica por senderos de la calidad docente y curricular, por lo que una manifiesta incomprensión sobre sus roles echaría por la borda todo el sacrificio en que se incurre para alcanzar tan anhelada meta.
Corresponde a las autoridades promover óptimas condiciones laborales a favor del maestro, que debe incluir, por supuesto, razonables niveles salariales y beneficios marginales, pero el gremio magisterial está compelido procurar con acciones contundentes que sus asociados cumplan con los altos estándares de capacidad y vocación que se requiere en el aula.
La exigencia de la ADP, de que se disponga de un aumento del cien por ciento en los salarios de los docentes, resulta exagerada o desproporcionada frente a la realidad de la economía dominicana, aun cuando se admite que el nivel de sueldo actual es menos que insuficiente.
Hay que consolidar conciencia sobre el sacrifico que supone para las arcas nacionales el consignar cien mil millones de pesos (4% del PIB) para la educación básica en la Ley de gastos 2013, más aun si se sabe que el Gobierno debe lidiar con un déficit fiscal del 6.6 por ciento del PIB y que son bajas las expectativas de crecimiento en los ingresos.
En términos reales, se reclama una partida de 12 mil millones de pesos adicionales para financiar la exigencia de aumento salarial para los maestros de la escuela básica, que representaría el 25 por ciento del incremento a la partida de Educación, ascendente a unos 45 mil millones.
Si de verdad se aspira a promover calidad de la enseñanza, basada en capacitación del magisterio, planificación curricular, extensión del horario escolar, ampliación del desayuno escolar, construcción de diez mil aulas, disminución de la deserción y repetición, entonces corresponde a la ADP poner los pies sobre pavimento.
Además de los maestros, todos los empleados públicos requieren y reclaman aumentos de sueldo, por lo que el Gobierno debe actuar con cautela y diligencia para poder multiplicar panes y peces sin alterar más de la cuenta el índice general de precios, lo que quiere decir que toda política salarial debe oscilar entre lo ideal y lo posible.
Que no se olvide que el 4% del PIB para la educación es la dinamo de un añejo anhelo: de relanzar a la escuela dominicana hacia sendero de la excelencia, a los fines de garantizar que las futuras generaciones estén integradas por ciudadanos capacitados, instruidos y civilistas.