Al final de la semana pasada, una amiga, nos refería que en una localidad del Cibao, haciendo su trabajo de técnica supervisora de Educación, se había encontrado con dos casos de abuso sexual y violación a menores.
La primera, menor, con 14 años, no conoce a su madre biológica y no ve a su padre desde los 8 años. Declarada por su abuela, vive con ella y el esposo, quien cada vez que su abuela no está en casa abusa sexualmente de ella, amenazándola si cuenta algo.
Esto sucede desde los 11 años y lo que empezó como toqueteos, se convirtió en violación sexual permanente, desde entonces hasta la fecha. La niña, armada de valor, en una ocasión le refirió a su abuela lo acontecido y ante el desmentido del incestuoso violador, la mujer le creyó a él. Desesperada, siguió acudiendo a familiares y solo una hija del violador que sí le creyó, lo enfrentó y amenazó con denunciarle, pero no lo hizo. Actualmente, el esposo de la abuela, la sigue violando.
La segunda, menor, con apenas 7 años, refiere que en el barrio donde vive, un joven le hace “cosas malas”, “le toca las nalgas y le da 10 pesos para que se deje tocar de otro niño, al que le da 5 pesos, para que no cuente nada”. Este violador, lleva a la pequeña detrás de un baño, le baja los pantalones y la toquetea. La madre y el padre de la menor fueron convocados al Centro Educativo público del lugar, pero no acudieron.
La amiga que refiere estos dos crímenes, en comisión permanente, entendiendo que ambas menores deben ser apartadas de ese entorno desgraciado donde se las abusa y viola sistemáticamente, quiere dar los pasos seguros para hacerlo. Con pena, ambas conversamos sobre la pobre ruta crítica que el Estado dominicano ofrece para estos casos, a sabiendas que los y las menores deben ser la preocupación primera de todos y todas.
La sexualidad de las niñas, los altos índices de adolescentes embarazadas, la cosificación sexual de cuerpos infantiles por parte de personas adultas, el crecimiento -como fenómeno- del abuso sexual contra niñas, la falta de redes sociales que las recuperen, la desigualdad de las relaciones y la doble moral de familias y autoridades, deben ser preocupación para el Estado.
Y a propósito de la despenalización del aborto por causales, recordamos a legisladores y legisladoras, que estas dos situaciones, tan corrientes en las comunidades, son la causa de un buen número de embarazos indeseados y de gran riesgo, con finales fatales y consecuencias graves.
