Cada día que pasa el PLD demuestra más su insaciabilidad y su escaso interés por la institucionalidad. La propuesta de establecer nuevos impuestos al sector de telecomunicaciones para financiar el 911 es la mejor demostración de ello. Vamos hacia atrás, hacia el retroceso.
Todos los economistas refieren que el sector de telecomunicaciones es uno de los que más altos impuestos cobra en América Latina y el Caribe, con el 30%. Y ahora, encima, se quiere establecer un impuesto de US$0.02 por tráfico internacional de llamadas más US$0.0025 por la recepción de cada mensaje de texto (SMS) internacional entrante que termine en las redes locales. El único afectado lo es el consumidor, es decir, cada uno de nosotros.
Quienes hacen esa propuesta no solo reflejan su voracidad, sino su desconocimiento de los cambios que ha experimentado el modelo de negocios de las llamadas internacionales. El cambio es evidente por los avances tecnológicos ante la presencia de nuevas plataformas como las de voz sobre internet, entre otras, que han permitido la aparición de aplicaciones más accesibles y gratuitas. Las estadísticas del propio Banco Central ya demuestran que el sector de las telecomunicaciones no es el rey midas de la economía nacional.
Por otro lado, llama la atención cómo el mismo Estado que le quitó la mitad de la Contribución para el Desarrollo de las Telecomunicaciones al Indotel, ahora también pretenda volver al pasado, creando más impuestos en el sector para financiar actividades ajenas a las telecomunicaciones.
El país no aguanta un solo impuesto más. Quien tiene que dar el ejemplo es el gobierno, eliminando nominillas, botellas, cargos superfluos y posiciones duplicadas y triplicadas en un Estado que se ha convertido, como dijera Octavio Paz, en un “ogro filantrópico” que satisface los intereses del PLD y de sus aliados, provocando pobreza moral y económica.
Mientras los funcionarios no transparenten la extraordinaria acumulación de riqueza que exhiben y mientras el gobierno no dé muestras claras de sanción a la corrupción, y rectifique en la calidad del gasto, es inaceptable establecer nuevos impuestos, y mucho menos al sector de telecomunicaciones, que es uno de los que más alto paga impuestos en toda América Latina y el Caribe.
