La seguridad ciudadana debería figurar como primer punto de la agenda pendiente del Gobierno al inicio del segundo año de la actual gestión del presidente Danilo Medina, compelido a liberar a gran parte de la población que se siente prisionera de la delincuencia y la criminalidad.
Para poder combatir con efectividad ese flagelo, las autoridades están compelidas a olvidarse de las excusas, especialmente la que refiere que el deterioro del orden público es asunto de percepción, alegando que el número y frecuencia de homicidios, robos, asaltos y atracos se reduce significativamente.
El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, admite que la lucha por controlar la delincuencia sigue como tarea pendiente y ha prometido que el Gobierno trabajará sin descanso para garantizar que la ciudadanía se sienta segura.
Ese debería ser también el criterio de las autoridades policiales, muy acostumbradas a maquillar estadísticas o a confundir el jabón con el queso, como si fuera difícil comprobar que a pesar de los esfuerzos no han logrado desalojar a los delincuentes de las calles, avenidas, barrios populares y sectores residenciales.
El ministro Peralta cree que el narcotráfico es uno de los factores que incide en el deterioro de la seguridad ciudadana, especialmente el microtráfico, que incide en el robo de cartera, de celulares y de otras fechorías en que incurren jóvenes para comprar drogas en barrios populares.
Podrían identificarse decenas de factores que influyen en el incremento de la delincuencia y criminalidad, incluido el desempleo juvenil y el deterioro del núcleo familiar, así como la marginalidad económica y social, pero en cualquier estado de causa, se requiere que el Gobierno garantice plenamente la seguridad ciudadana.
Es claro que los poderes Judicial y Legislativo tienen significativa cuota de responsabilidad en el combate contra toda expresión de delincuencia, como sería imponer el necesario régimen de consecuencia ante cualquier violación a la ley y la pronta aprobación del Código Penal, dotado de las herramientas jurídicas necesarias para prevenir y sancionar los ilícitos relacionados con la criminalidad.
Delincuencia y corrupción figuran como lastres que aun laceran a la sociedad dominicana, por lo que se requiere que su inmediato abordaje figure en los primeros lugares de la lista de urgencias que deberá afrontar a partir de hoy el Gobierno
