No seré yo
El miércoles se inscribe como día de luto para la democracia, pues ese día la Asamblea Revisora rechazó la propuesta de instituir una Sala Constitucional.
Ese día, el Congreso de la República avergonzó a toda la sociedad al inclinar su cerviz ante presiones de intereses políticos, corporativos y de togas que desde tiempos inmemoriales fungen de carceleros de un pueblo que ha tintado más de una vez con sangre el lienzo patrio en reclamo de justicia y vías de derecho.
La Asamblea Revisora no expuso ningún argumento válido antes de accionar la guillotina, que no fuera el infeliz criterio de señalar que la Suprema Corte de Justicia sólo ha sido apoderada de 505 casos de inconstitucionalidad en 12 años, como si ignorara que ese templo ha estado vedado al ciudadano ordinario.
Ante tan desafortunada decisión, queda el sabor amargo de saber que los constituyentes pudieron arrodillarse ante amenazas y advertencias sobre un cataclismo judicial si se aprobaba la Sala Constitucional o la advertencia aquella de que todos deberíamos reflejarnos en el espejo de Honduras.
Duele saber que como ha sido siempre, los ciudadanos no tendrán derechos a la acción principal en materia de inconstitucionalidad y que será necesario ensayar la farsa aquella de los empresarios que se constituyeron en reos para obligar a nuestra Suprema Corte a declarar inconstitucional la ley 148 sobre colegiación de los periodistas.
En vez de una Sala Constitucional expedita, ágil que se pronuncie sobre todo tipo de violación a los derechos fundamentales del ciudadano, veremos a una corte estatuir sobre la cuadratura del círculo, aprobar o rechazar decretos, ordenanza y leyes, de acuerdo a conveniencia del momento o hacia donde corra el oleaje de los poderes fácticos.
La sala constitucional existente en Costa Rica se ha pronunciado contra el matrimonio entre homosexuales, contra el envío de correos de Internet no requeridos por el destinatario, a favor de una escuela secundaria a ordenar el corte de pelo de sus alumnos.
En Costa Rica, la instalación de la Sala Cuarta no produjo caos judicial, ni crisis de gobernabilidad, como exponen asambleístas todavía en cuclillas.
Por el contrario, esa nación centroamericana consolidó su proverbial estado de derecho.
No seré yo quien vuelva a colocar un birrete sobre mi cabeza ni a abrigarme con una toga mientras persista el ominoso estado de secreta dictadura de los magistrados consolidada por una conducta vacilante e irresponsable de la Asamblea Revisora, que ha retardado por otros cien años un sentido anhelo de auténtica justicia del pueblo dominicano.
