Ley del Embudo
La élite empresarial reafirma su advertencia de que sería contraproducente y peligroso que el Gobierno opte por nuevos préstamos para dedicarlos a inflar la maquinaria estatal, aunque considera que el financiamiento externo sería útil si se dirige a cuestiones estrictas y dirigidas a articular el sistema productivo.
Aunque líderes empresariales definen como altísimo el endeudamiento externo, no objetan nuevos empréstitos siempre y cuando se inviertan en obras y programas relacionados con sus propios intereses corporativos.
Ante el hecho cierto de que el déficit presupuestal durante el primer semestre de este año ascendió a casi 10 mil millones de pesos y de que ese desequilibrio sería de 20 mil millones a final de año, hay que colegir que de algún lado debe obtenerse ese faltante ya comprometido en la Ley de Gastos Públicos.
Desde el ámbito empresarial se escucha la queja de que el gasto público es muy elevado y que el Gobierno incrementa la deuda externa con el único fin de inflar la maquinaria estatal, por lo que resultaría provechoso que quienes sustentan ese criterio presenten fórmulas que ayuden a disminuir el alegado dispendio.
En razón de que no se ha ofrecido ningún remedio idóneo para esa alegada enfermedad, me permito ofrecer algunas alternativas, no sin señalar los efectos secundarios que cualquiera de ellas pueda tener en los planos de la gobernabilidad o del recrudecimiento de los efectos negativos derivados de la crisis económica global. Veamos:
El gasto en nómina pública asciende a 58 mil millones de pesos, incluídos eventuales botellas o bidones, por lo que sería factible quizás cancelar 20 ó 30 mil empleados o comecheques. El inconveniente que presenta esa fórmula sería que agrava el nivel de desempleo y afectaría por consiguiente al deprimido sector de consumo y, obviamente, a la gobernabilidad.
Un segundo remedio sería producir un recorte significativo en los 304 mil millones de pesos consignados en el presupuesto como transferencia, gastos tributarios y subsidios al sector productivo. El recorte podría ser, digamos, de cien mil millones, aunque esta pócima sería venenosa para el sector eléctrico, la industria, la agropecuaria, el índice general de precios y, obviamente, a la gobernabilidad.
Otra posibilidad sería cancelar el programa Solidaridad, que beneficia a 455 mil familias pobres, con lo cual el Gobierno se ahorraría unos 15 mil millones de pesos.
Los gremios empresariales saben que la única vía es el financiamiento externo, sólo que muchos aspiran a que se aplique la ley del embudo.
