Opinión

A RAJATABLA

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Mientras la  fecundidad en adultos ha descendido en forma  significativa en las últimas décadas hasta situarse en  2.6 hijos por mujer, los embarazos en niñas y adolescentes se incrementaron en un 42 por ciento  en los últimos  diez años, escalofriante estadística  que debería llamar la atención de Gobierno y sociedad.

Al alcanzar los 19 años, el 42 por ciento de las adolescentes tienen historia de embarazo y el 34% ya eran madres, conforme a un estudio levantado por Enhogar, que revela también  que  apenas el 36% de las mujeres  con edades  entre 15 a 19 años han superado la enseñanza primaria.

Es verdad que en América Latina, el promedio de la tasa de fecundidad entre adolescentes (75%) es mayor que la registrada aquí, pero debería tomarse en cuenta que en las regiones amazónicas los embarazos precoces se corresponden con  cultura o costumbre muy arraigada.

Organismos internacionales relacionados con la protección de la infancia han advertido que las niñas menores de 15 años tienen cinco veces más probabilidad de morir durante el embarazo que las mujeres mayores de veinte, mientras que las probabilidades de que el bebé muera durante el primer año  supera el 60%.

Existe una íntima relación entre  embarazo precoz, atraso educativo, pobreza y dificultad para  que la joven madre pueda reinsertarse en el sistema escolar o en el aparato productivo, por lo que un elevado número de esas niñas y adolescentes se  convierten en trabajadoras sexuales.

El mentado Código del Menor es letra muerta en República Dominicana, pues en los aspectos esenciales  no se aplica, como sería el principio de prioridad absoluta, que  quiere decir que Estado y Gobierno deben ejercer primacía en la formulación de políticas  públicas para protegerlo en cualquier circunstancia.

A pesar de que  el Ministerio Público funge  como  tutor de los menores,  con prerrogativas mayores incluso que la propia familia, no se entiende por qué los fiscales no identifican y someten a la justicia a los  adultos que han  violado sexualmente a una niña o adolescente,  que en la mayoría de los casos queda en situación de embarazo. En términos jurídicos, el menor carece de discernimiento, por tanto la figura del consentimiento no puede ser elevada en caso de la relación sexual con una menor.

Gobierno y todas sus agencias relacionadas con la protección de niños, niñas y adolescentes, junto a entidades de la sociedad civil deberían aunar esfuerzo e identificar recursos para  afrontar el drama  del embarazo precoz y del cotidiano abuso sexual contra menores. Lo que ocurre hoy es vergonzoso, humillante, indignante e inaceptable.

El Nacional

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