Mientras la fecundidad en adultos ha descendido en forma significativa en las últimas décadas hasta situarse en 2.6 hijos por mujer, los embarazos en niñas y adolescentes se incrementaron en un 42 por ciento en los últimos diez años, escalofriante estadística que debería llamar la atención de Gobierno y sociedad.
Al alcanzar los 19 años, el 42 por ciento de las adolescentes tienen historia de embarazo y el 34% ya eran madres, conforme a un estudio levantado por Enhogar, que revela también que apenas el 36% de las mujeres con edades entre 15 a 19 años han superado la enseñanza primaria.
Es verdad que en América Latina, el promedio de la tasa de fecundidad entre adolescentes (75%) es mayor que la registrada aquí, pero debería tomarse en cuenta que en las regiones amazónicas los embarazos precoces se corresponden con cultura o costumbre muy arraigada.
Organismos internacionales relacionados con la protección de la infancia han advertido que las niñas menores de 15 años tienen cinco veces más probabilidad de morir durante el embarazo que las mujeres mayores de veinte, mientras que las probabilidades de que el bebé muera durante el primer año supera el 60%.
Existe una íntima relación entre embarazo precoz, atraso educativo, pobreza y dificultad para que la joven madre pueda reinsertarse en el sistema escolar o en el aparato productivo, por lo que un elevado número de esas niñas y adolescentes se convierten en trabajadoras sexuales.
El mentado Código del Menor es letra muerta en República Dominicana, pues en los aspectos esenciales no se aplica, como sería el principio de prioridad absoluta, que quiere decir que Estado y Gobierno deben ejercer primacía en la formulación de políticas públicas para protegerlo en cualquier circunstancia.
A pesar de que el Ministerio Público funge como tutor de los menores, con prerrogativas mayores incluso que la propia familia, no se entiende por qué los fiscales no identifican y someten a la justicia a los adultos que han violado sexualmente a una niña o adolescente, que en la mayoría de los casos queda en situación de embarazo. En términos jurídicos, el menor carece de discernimiento, por tanto la figura del consentimiento no puede ser elevada en caso de la relación sexual con una menor.
Gobierno y todas sus agencias relacionadas con la protección de niños, niñas y adolescentes, junto a entidades de la sociedad civil deberían aunar esfuerzo e identificar recursos para afrontar el drama del embarazo precoz y del cotidiano abuso sexual contra menores. Lo que ocurre hoy es vergonzoso, humillante, indignante e inaceptable.