Harakiri político

Lo más diverso y representativo de la sociedad dominicana ha rechazado la pretensión del principal candidato de oposición de boicotear las elecciones de mayo 15 mediante una campaña de descrédito contra la Junta Central Electoral (JCE), con la finalidad de desacreditar sus previsibles resultados.

Nunca antes en la historia política nacional se había producido tan contundente nivel de unanimidad en el respaldo a la labor que realiza la JCE y a la garantía que ofrece de celebrar elecciones libres, transparentes y concurridas.

El clero, las iglesias evangélicas, gremios empresariales, universidades, academias, gremios profesionales, asociaciones de productores, sindicatos y la mayoría de los partidos políticos han rechazado el despropósito de canibalizar el proceso de votación, conteo de sufragios y emisión de resultados electorales.

Hace mucho tiempo que los partidos aprobaron a unanimidad que la JCE adquiriera equipos para poder contar los votos de manera electrónicas, lo que significaría un gran salto del tribunal de elecciones en materia de modernidad.

Al ponerse la paloma, el candidato opositor se opone al uso de esos equipos, no porque se produciría alguna tipo de irregularidad en el proceso de conteo, sino “porque viola la Ley Electoral”, aunque el artículo que se invoca no dice por ningún lado que es obligatorio contar manualmente los votos.

Lo que ese apartado de ley establece es el protocolo a seguir referido a sufragios protestados, observados o anulados, pero no prohíbe el conteo por vía electrónica, ni afirma categóricamente que debe ser contado “a mano”, sino en las circunstancias antes señaladas.
Aun así, los delegados técnicos de ese candidato nunca presentaron tal alegato cuando se aprobó no solo la compra de esos equipos sino también el voto electrónico. ¿Por qué ahora?

El asesor colombiano que ha convencido al candidato de quemar sus naves antes de llegar al puerto, ha venido a Santo Domingo a cavar la tumba de lo que pudo ser una promisoria carrera política que apenas se iniciaba, porque pretender boicotear las elecciones es como pegarse fuego a sí mismo.

Ojalá que el candidato, agobiado por el rechazo casi unánime al plan de desacreditar a la JCE y al proceso electoral, no acepte el también nefasto consejo de emigrar sus ataques hacia el padrón de electores, definido como “casi perfecto”.

Alguien debería aconsejar al candidato opositor a retomar el buen juicio y entender que la sociedad respalda a la JCE y a las decisiones que ha adoptado su pleno de jueces respecto a las votaciones de mayo 15 y que ese asesor colombiano, con tantos despropósitos, lo obligará a realizarse un harakiri político.