Grupos políticos, fácticos y mediáticos, con intereses entrelazados e inexpugnables vínculos foráneos, aprovecharon una legítima expresión de disgusto ciudadano para mercadear la falsa percepción de que la República va camino al despeñadero, acarreada por una incurable crisis económica y moral.

Esa gente logró con la marcha del domingo levantar la humareda que no pudo azuzar con el suicidio de un contratista de OISOE, una desgracia que intentó convertir en el mayor escándalo de corrupción que ojos humanos hayan visto y, por supuesto, tirar los excrementos a los pies del Presidente.

El escándalo desatado con la admisión de la empresa brasileña Odebrecht, que distribuyó 92 de millones de dólares en sobornos a funcionarios para obtener ventajas en licitaciones y adjudicaciones de obras públicas, ha sido el río donde pescadores de oportunidades pretenden ganancias políticas.

Se sabe aunque no se admita que el Ministerio Público dominicano emplea el mismo modelo de investigación que se realiza en otras naciones donde Odebrecht también distribuyó sobornos, y que también ha solicitado el concurso de Estados Unidos y Brasil.

Es claro que a esos sectores no les interesa que en torno a Odebrecht se lleve a cabo un proceso de investigación serio al término del cual se identifiquen a quienes incurrieron en ilícito penal, porque el propósito ha sido siempre el de crear y consolidar la percepción del despeñadero.

Un buen ejemplo de lo que aquí afirmo lo constituye el doble papel de juez y parte de Participación Ciudadana, que participa en la romería de colocar la corrupción de un solo lado, al tiempo que llena los formularios de Transparencia Internacional para que se incluya el nombre del país entre los más corruptos del mundo.

El informe del Banco Central sobre el desempeño de la economía en 2016 ayuda a despejar la humareda levantada por quienes quieren que entre un tsunami económico, político y social, si poder entender que los hechos son tozudos y que la realidad vence a la percepción.

Con sobrada indignación y razón, la ciudadanía exige que se identifiquen los nombres físicos o jurídicos implicados en los sobornos de Odebrecht, para que sean procesados y condenados en los tribunales de la República. Sin excepciones ni exclusiones.

Lo que se rechaza a todo pulmón es la burda intención de grupos políticos, fácticos y mediáticos de pretender convertir un legítimo reclamo ciudadano en una burda oportunidad para dañar el orden institucional y provocar un tipo de retroceso asociado al caos y el desorden.