Son válidas las quejas de los clase media porque sobre sus hombros cae el mayor peso de la fiscalidad; de los trabajadores, que perciben sueldos de miseria, y de una gran masa de excluidos, porque el empresariado rehúsa tributar los 33 mil millones de pesos que se requieren para liberarlos de la indigencia.

A la ciudadanía le asiste el derecho a la protesta contra cualquier expresión de prevaricación o de inobservancia de la ley, sin importar rango económico, social o político, así como también reclamar mejoría sustancial en todos los servicios básicos.

Lo que resulta absolutamente inaceptable es a que gente o sector huérfano de calidades políticas, jurídicas, éticas y morales, pretendan contaminar esos legítimos reclamos o asumir un inmerecido liderazgo que las masas no le han otorgado.

Grupos de presión aprovechan situaciones para intentar pescar en río revuelto.

En su discurso de mañana ante la Asamblea Nacional, el presidente Danilo Medina rendirá cuentas de manera directa y sin intermediarios al pueblo dominicano, que con mayoría absoluta de votos lo ratificó como jefe de Estado.

Grupos de presión fáctica y mediática, que pretenden consolidar o ensanchar su poderío rentista y de tesorería hacen hoy las veces de titiriteros de carpinteros de la anarquía con la intención de al menos diseminar la impresión de que el país está patas arriba.

Esa gente se aprovecha de sucesos que provocan legítima indignación ciudadana, como el escándalo Odebrecht, para intentar pescar en río revuelto, sin darse cuenta que la realidad marca crecimiento apunta hacia la consolidación económica, política e institucional.

El Presidente seguramente va a referirse mañana al tema de Odebrecht, sin aceptar chantaje ni trapisonda, aunque debe ser siempre en la intención de satisfacer los requerimientos ciudadanos de afrontar la prevaricación y el cohecho, sin inmiscuirse en los fueros del Ministerio Publico ni del Orden Judicial.

Sectores sin calidad política o ética pretenden contaminar legítimos reclamos de la población.

Este es un país democrático, con absoluta libertades públicas, en el que sus ciudadanos se expresan libremente, sin ningún tipo de represión, donde no se impide que los periodistas ingresen al Palacio Nacional, ni se escucha al presidente regañar a la prensa.