El Gobierno colocó con éxito una emisión de bonos soberanos por 500 millones de dólares, a una tasa de interés récord de 5.10%, para concluir el financiamiento de Punta Catalina, lo que constituye una buena noticia para cualquier buen dominicano que se precie de sensato.

A ese complejo termoeléctrico, que construye un consorcio liderado por Odebrecht, a un costo de US$2,040 millones, solo le falta menos de un 30% para su terminación, programada para finales de 2018, cuando entrarán en línea sus dos plantas con una generación de 730 megavatios.

Para poder afrontar cualquier dificultad económica, social política o jurídica, se requiere sobre todo buen juicio, lo que quiere decir cabeza fría aunque arda el corazón, pero al abordar el tema Punta Catalina, mucha gente carece de esos atributos.

El Gobierno ha adelantado mil 300 millones de dólares para la construcción de ese proyecto, que también ha recibido 300 millones de un pool de bancos europeos, que han retenido otros US$300 millones, después que mensajeros de la izquierda financiados por la derecha fueron a Alemania a reclamar detener ese financiamiento.

Hay que suponer que la transferencia desde el Presupuesto Nacional de más de 60 mil millones de pesos para la construcción de Punta Catalina, supone un gran sacrificio en que incurre el Gobierno, que además tuvo que cumplir con un rígido programa de control del déficit fiscal.

Otro significativo sacrificio para las finanzas públicas serán los 700 millones de dólares en endeudamiento que completan el total del financiamiento de Punta Catalina (500 millones en bonos y 300 de los bancos europeos).

¿Qué significa Punta Catalina para la economía dominicana? ¿Qué resulta mejor, concluirla o paralizarla? Lo primero es que sus dos plantas aportarán al sistema de generación eléctrica más de 700 megas, a un precio de menos de ocho centavos de dólar el kilovatio, en comparación con más de 16 centavos, el precio promedio actual.

Esas plantas suplirán el 35% de la demanda de energía eléctrica, además de obligar a las otras generadoras a procurar otras fuentes de alimentación de sus generadoras para poder competir en precios. El buen juicio aconseja terminar a Punta Catalina, en vez de paralizarla.

Se plantea que Odebrecht es una empresa delincuente que obtuvo el contrato de Punta Catalina mediante la distribución de sobornos, lo que no se discute, pero es preciso decir que la figuras jurídicas no delinquen, sino las personas, por lo que no es posible mandar a la cárcel a Odebrecht, sino a los sobornantes y sobornados.