El Consorcio Odebrecht opera en República Dominicana desde hace 15 años y es ahora cuando el propio director de ese emporio brasileño de la construcción revela o admite ante autoridades de Estados Unidos que entregó a un empresario lobista 92 millones de dólares para ser distribuidos en sobornos a funcionarios o gente influyente y obtener así ventajas en procesos de licitación y adjudicación de obras públicas. Esa práctica desleal empresarial fue aplicada también en Perú, Argentina, Panamá, Venezuela y otros países latinoamericanos.

Es obvio que esa confesión de Odebrecht constituye un escándalo de marca mayor en todos los países donde distribuyó dinero en sobornos, por lo que el Ministerio Público dominicano emprendió una investigación a los fines de identificar a las personas físicas o jurídicas que incurrieron en ese ilícito penal, cuyas indagatorias se iniciaron con el pedido a dependencias oficiales de toda la documentación relacionada a contrataciones hechas con ese consorcio y que ha proseguido con los interrogatorios al representante local de la empresa y al empresario que funge como su contacto en el país.

Es comprensible que la ciudadanía exija que en lo inmediato rueden las cabezas involucradas en esa telaraña de corrupción, pero también hay que entender que el procurador general está compelido a cumplir al pie de letra con el debido proceso que conlleva también el compromiso de presumir la inocencia de todos los encartados, hasta que los fiscales puedan recolectar un fardo probatorio que permita su traducción a la justicia. Esa es la regla.

El magistrado procurador, Jean Alain Rodríguez, ha llevado las indagatorias apegado a esos preceptos procesales, aunque soy del criterio de que ha exagerado en adelantar incidencias coyunturales que afloran en las investigaciones, lo que permite que teatreros y bufones conviertan ese escenario en un circo mediático con el propósito de sacar provecho político o de desviar el caudal por alguna cañada mal oliente.

Es preciso insistir en que el Ministerio Público no es morocota de oro ni que está obligado a saltar de su asiento tan pronto colocan un micrófono o una cámara de televisión en su cercanía. Los fiscales hablan por dictámenes o cuando se requiere verter un informe oportuno a la ciudadanía que no dañe el principio de presunción de inocencia ni dé motivo para malas interpretaciones sobre el curso de tal o cual investigación.

El procurador general tiene que caminar en línea recta, con la determinación de esclarecer el expediente de Odebrecht, reunir las evidencias de cargo o descargo y presentarlas para su evaluación ante un juez de lo preliminar, sin importar los nombres que, como consecuencia de la investigación queden encartados o excluidos. Esa es su responsabilidad.