Opinión

Aborto legal para no morir

Aborto legal para no morir

Susi Pola

Que el aborto sea discutido dentro de las iglesias, entre la feligresía perteneciente y desde el enfoque que las religiones quieran, es algo propio para orientar a su grey, de acuerdo a sus fundamentos. Hasta pueden decidir las formas impresionables de hacerlo, después de todo, el mayor porcentaje de abortos en el mundo, es de mujeres de religiones cristianas.

A lo que las iglesias no tienen derecho, es a apremiar a los gobiernos, para intervenir y establecer una teocracia desde el Estado, figura que hace miles de años ha quedado desterrada de derecho, aunque de hecho, las iglesias y religiones se mantienen coqueteando con el poder.

Somos un Estado aconfesional y democrático, donde diferentes colectivos lo conforman, con voz, pagando impuestos, con iguales derechos y deberes, autonomía sobre sí mismos y libertad para desarrollar la ciudadanía en un marco de respeto y consideración.

Ninguna autoridad, desde el Poder Ejecutivo, hasta el más pequeño de los ministerios, debiera permitir que una iglesia, sea la que sea, pretenda imponer sus preceptos morales a todo el país, ni que llegue hasta los altos tribunales en sus empeños, como épocas teocráticas, cuando se arrimaba a las monarquías otorgándole al rey un aire casi divino para garantizar su seguridad institucional.

Con demasiada frecuencia la prensa refiere la injusticia de obligar a mujeres a sacrificar su integridad física y emocional por un embarazo no deseado y/o forzado, o que hace peligrar su vida. Entre las altas cifras de violencias sexuales y feminicidios, hay casos de menores de edad violadas y embarazadas, algunas por sus progenitores o a cargo, configurándose el incesto.

El Poder Ejecutivo dominicano, entendió que el Estado dominicano es de carácter laico, aconfesional, plural y democrático, vetando una reforma penal que retrotraía a las ciudadanas dominicanas a la muerte, y se atrevió a pretender políticas públicas para mejorar la salud de las mujeres y su ejercicio de derechos.

La ciudadanía que profesa una religión, tendrá sin duda su dirección desde los púlpitos, y primero, de su propia conciencia, para decidir sobre cualquier realidad existencial, sin que el Estado pueda intervenir en sus decisiones.

Las iglesias dominicanas no deben intervenir en las decisiones de cualquier ciudadana, ni obligarlas a todas a un dogma ajeno. Los Estados están obligados a respaldarlas, mientras la sociedad las respeta. Porque la decisión sobre sí mismas, la tienen las mujeres.

 

El Nacional

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