Casi la totalidad de las playas del país han sido privatizadas, por empresarios del sector turístico y particulares, en violación a numerosos textos legales, y en detrimento de los dominicanos que le impide disfrutar de momentos de recreo y diversión. Desde hace varias décadas existe una ley que prohíbe las construcciones dentro de la franja de 60 metros a partir de la orilla del mar; sin embargo, las autoridades encargada de cumplir con la aplicación de la misma, se hacen de la vista gorda.
El artículo 15 de la Constitución de la República, establece que los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso. También son de dominio público los bienes propiedad de un ente público afectados a un uso o servicio público sometidos a un régimen especial de utilización y protección. Se caracterizan por ser inalienables, inembargablese imprescriptibles.
El término dominio público significa que es propiedad del pueblo dominicano, y no solo se limita a las playas, sino también a las carreteras, calles, parques, monumentos, montañas y otras áreas que incluyen obras construidas por el estado para el goce y disfrute de los ciudadanos. En el litoral Este del país, todas las playas, con muy poca excepción, están cercadas por hoteles que no permiten el acceso a las mismas, si la persona no está hospedada en el establecimiento.
Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de fecha 21 de mayo del 2010, anuló un contrato de venta suscrito por una empresa arrendataria de un aeropuerto, bajo la creencia de que el derecho de arrendamiento le concedía la propiedad del inmueble. El más alto tribunal fijó el criterio de que se trata de un bien de dominio público y que su venta atenta sobre la soberanía de la República, la seguridad nacional y los bienes del Estado.
Existe el firme criterio que el acceso a una playa no puede ser comercial, por lo que nadie puede utilizarla como si se tratase de una propiedad privada, cobrando para acceder a ella ni dificultando o prohibiendo el paso. La asociación que agrupa a los hoteleros del país, entiende que nada impide que un propietario privado colindante pueda cobrar par el uso y disfrute de sus instalaciones. En el Congreso, hay un proyecto de ley que plantea garantizar el acceso a los ciudadanos a los ríos, lagunas, playas y costas nacionales.
