Aún sea un caso aislado, de todas formas en modo alguno se puede pasar por alto el incidente ocurrido en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con motivo de la audiencia de la querella por difamación e injuria que presentó el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, contra el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Leonardo Faña, que de hecho es otro eslabón de una larga cadena de atentados contra el principio de autoridad y la solemnidad de los recintos judiciales, que todavía se registran en el país.
Como si se tratara de un espacio abierto o de un acto sin mayores implicaciones varias personas penetraron con pancartas, coreando consignas contra el funcionario.
La provocación, que es de lo que se trataba, resucita el primitivismo que en una época caracterizaba las protestas sociales. En rechazo a los apagones del servicio eléctrico, demanda de agua potable o en repudio a la deficiencia en el suministro, o un alza en la tarifa del transporte de pasajeros, se destruían transformadores, tuberías, incendiaban vehículos estatales o se apedreaban oficinas públicas, dificultando más de esa manera la solución de los problemas.
Esas acciones, que hoy se han reducido considerablemente, se fundamentaban, o en salvaje afán de protagonismo o en la propia ignorancia.
Hoy tenemos que la consolidación del sistema institucional, que es una necesidad, constituye uno de los reclamos más socorridos de los actores que han tomado las calles en protesta contra la corrupción y la impunidad.
Si bien cabe separar el trigo de la paja, la movilización en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva cuando se conocía la audiencia de la demanda de Peralta contra Faña atenta contra el principio de autoridad y el respeto a la solemnidad de la magistratura. De no primar la prudencia el deplorable incidente pudo tener consecuencias incluso lamentables.
Para que se tenga una idea más amplia del resquebrajamiento del principio de autoridad hay que recordar casos como el de familiares y turbas que han penetrado a cuarteles a rescatar presos. O a hospitales a atentar contra personas ingresadas después de participar en algunas riñas.
Pero también las propias agresiones contra agentes de la Policía por casos sin mayores trascendencia. Es harina de otro costal que los encargados de preservar el orden público y la seguridad ciudadana no deben dar lugar a reacciones desaforadas de la ciudadanía.
Lo ocurrido en el Palacio de Justicia, aunque se vea como pasajero, además de sus variadas lecturas sobre el proceso, agrega más tensión a una atmósfera que, sin que nadie se llame a engaño, está bastante cargada.
