La consolidación del sistema de carrera de la Función Pública igualmente requiere de renovados esfuerzos para que los servidores públicos y las instituciones del Estado se rijan por un verdadero esquema de derechos fundamentado en el mérito, la honestidad y la capacitación. Está entre los aspectos que es preciso reforzar en la actual gestión gubernamental.
No obstante, los logros que en el campo de la carrera administrativa se han ido obteniendo, en gran medida, también se deben a iniciativas legislativas e institucionales impulsadas por el presidente Leonel Fernández y la nueva Secretaría de Estado de Administración Pública.
Un conjunto de legislaciones importantes como la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno del Estado y la Contraloría General de la República, y la Ley de Acceso a la Información Pública, entre otras normativas, han creado asimismo un régimen legal en esta materia.
Este régimen obliga a las instituciones públicas a realizar sus operaciones económicas y financieras con arreglo a mayores niveles de transparencia y pulcritud que el que históricamente ha caracterizado a los gobiernos dominicanos en todos sus actos.
Las oficinas de Acceso a la Información Pública y los portales electrónicos de la mayoría de las Secretarías de Estado y las Direcciones Generales, contienen las informaciones relativas a las nóminas de las instituciones, igual que a los concursos de licitación, a las contrataciones de obras y servicios por parte del Estado, y a la ejecución presupuestaria en las entidades públicas.
Todas esas iniciativas han contribuido a disminuir los niveles de corrupción y a elevar los parámetros de transparencia en la gestión administrativa.
Sin justificar los hechos de nepotismo que se han denunciado en algunas instancias del gobierno, y sin justificar tampoco algunos hechos reprochables cometidos por malos funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, justo es reconocer que, en términos comparativos, las administraciones del PLD han contribuido significativamente a frenar la corrupción pública y privada, y a elevar el nivel de eficiencia e institucionalidad en la gestión pública.
