El vocero del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, Juan Miguel Castillo Pantaleón, advirtió ayer al Gobierno que incurriría en una grosera violación a la Ley y al decreto 327-13, si extiende de forma colectiva el plazo para que los extranjeros inscritos en el Plan Nacional de Regularización completen sus documentos.
De igual forma, Castillo Pantaleón acusó al Gobierno de tener un doble discurso, uno hacia afuera y otro a lo interno, para complacer al Estado haitiano.
Recordó que el decreto 327-13, que crea el plan, establece un plazo de 45 días una vez terminado el período de los 18 meses de inscripción.
Explicó que esos 45 días son para que las autoridades terminen de evaluar la documentación de los que se acogieron al plan, en caso de que sus respectivos casos de evaluación no hayan sido terminados.
“Desde el punto visto estrictamente jurídico, el decreto 327-13 le da facultad discrecional a Ministerio de Interior y Policía para que en caso individuales, no generales, ni colectivos, se haga una prórroga motivada. Por resolución motivada, en cada caso, Interior y Policía puede extender el plazo, acogiendo circunstancias muy particulares, pero no de forma colectiva”, manifestó Castillo Pantaleón.
Para el también exjuez de los tribunales de la República y experto en asuntos internacionales, el tema migratorio no ha sido afrontado con responsabilidad por los ministerios de Interior y Policía, Trabajo Salud Pública y Relaciones Exteriores.
“Lo cierto es que estamos ante una coyuntura ante la cual, el Estado dominicano tiene un discurso hacia afuera de supuesta defensa de la soberanía, pero en la política interna, el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública están haciendo lo que el Gobierno haitiano quiere”, subrayó Castillo Pantaleón.
“Es decir, hay dos discursos, la retórica de defensa de la ciudadanía que lleva a cabo el Ministerio de Relaciones Exteriores y el del Ministerio de Interior y Policía que, al final de cuentas ha terminado haciendo todo aquello que el Gobierno haitiano y los organismos internacionales han querido. Parece un sainete en donde hay un funcionario que hace el papel de Policía bueno y el otro que hace el papel del policía malo”, añadió el destacado jurista.
Recalcó que si se hace una prórroga generalizada, se violaría el decreto 327-13 y se violaría la Ley y que evidentemente, la decisión adolecería de un vicio de legalidad que podría ser demandado por ante el Tribunal Superior Administrativo, más aún por cualquier ciudadano.
“Si se hace de forma colectiva, cualquier ciudadano pude a partir del lunes apoderar la jurisdicción administrativa de un recurso de amparo de cumplimiento, que es el mecanismo legal establecido en la Ley 137-11, para obligar al funcionario público a ceñirse a la ley. Eso estaría viciado de legalidad, y muchos ciudadanos estaríamos dispuestos a demandar, aunque los tribunales no cumplan con su responsabilidad”, dijo Castillo Pantaleón.
