SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada de Persecusión de la Corrupción Administrativa (Pepca) encubre los nombres de las personas que recibieron los 3.5 millones de dólares de soborno para garantizar la aprobación y compra de los ocho aviones Súper Tucano, aseguró este jueves el abogado del imputado Carlos Piccini.
Alejandro Tejada, representante del único que guarda prisión por el caso, solicitó al Tercer Juzgado de la Instrucción que ordene al Pepca a entregar las pruebas colectadas en el marco de la investigación que realiza de los sobornos recibidos para la compra de las aeronaves.
“El Ministerio Público obvia perseguir los 3.5 millones de dólares que supuestamente se entregaron de sobornos. Ellos tienen los nombres y el propio Ministerio Público dice que hay personas que requieren de jurisdicción privilegiada, entonces nosotros necesitamos saber cuáles son esas personas “, demandó Tejada.
El juez Danilo Amador conocía esta mañana la solicitud de proposición de diligencia solicitado por la defensa del imputado.
Tejada dijo que según la investigación los valores que alegadamente ingresaron al país fueron tres millones 500 mil dólares, “entonces queremos todas las pruebas que el Ministerio Pública ha obtenido porque solo se está persiguiendo a la compañía que supuestamente recibió los 100 mil dólares, al general Rafael Peña Antonio y al coronel Piccini, pero el Ministerio Público obvia a los que recibieron los 2.5 millones de dólares y a los que recibieron los 920 mil dólares”.
Sostuvo que el coronel Piccin no fue la persona que recibió el dinero entregado en soborno.
El caso de los Súper Tucano fue declarado complejo, sin embargo, por el mismo solo guarda prisión Piccini, quien lleva 7 meses preso en Najayo.
Mientras, el ex ministro de Defensa, Rafael Peña Antonio, también vinculado, fue dejado en libertad el pasado 19 de agosto del pasado año.
Lo mismo ocurrió con los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, a quienes se les colocó brazaletes electrónicos, presentación periódica e impedimento de salida, sin embargo, la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional dispuso revocación inmediata de la orden de colocación de brazalete.
