Opinión

Adultos mayores

Adultos mayores

La sociedad dominicana no ha superado estándares mínimos de protección a los derechos de los adultos mayores, segmento poblacional que sufre alta incidencia de maltratos psicológico, físico y económico, además de marginalidad familiar y social.

Cuando concluye su ciclo laboral, la mayoría de los empleados y trabajadores no tienen certidumbre de recibir una pensión justa que haga su retiro llevadero, por lo que se convierte en una virtual carga económica para los suyos, sin ningún tipo de protección estatal.

Las ciudades y sus residentes son hostiles al envejeciente, que no recibe siquiera el privilegio de encabezar las filas de clientes en bancos o supermercados, o que no son asistidos al cruzar una vía pública.

El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) ha recibido desde 2007 casi diez mil casos de abuso y maltrato contra adultos mayores, incluidos agresiones físicas, psicológicas y despojo fraudulento de propiedades, lo que refleja generalizada insensibilidad e insensatez.

Aunque existe un estatuto de ley de protección a sus derechos de envejecientes, son muchos los casos de manipulación, chantaje, humillación y desprecio que sufren las personas en condiciones de adultos mayores, sin que Ministerio Público ni justicia asuman su defensa y amparo.

En cualquier sociedad civilizada, el Estado se obliga a proteger a los envejecientes y la población económicamente activa asume el compromiso de contribuir para que su cotidianidad sea llevadera, tanto en el seno familiar como en el ámbito público.

Aquí prevalece una conducta de desprecio, agresión y exclusión hacia el adulto mayor, irrespetado por jóvenes y adultos que ignoran que si no mueren antes les llegará también el otoño y serán víctimas de los mismos vejámenes.

Lo que se reclama es que las ciudades y su gente se vuelvan agradables y solidarias en su trato con los adultos mayores, que se habiliten zonas en los parques para su esparcimiento, que las autoridades ejerzan control sobre los asilos de ancianos y que el Ministerio Público resguarde sus derechos y protección en el seno familiar y ante la sociedad. Quien no quiera llegar a viejo tendrá que morirse joven.

El Nacional

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