Santo Domingo, 19 de diciembre de 2014.- La Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB) lamentó la decisión de la Superintendencia de Valores (SIV) de presentar el anteproyecto de modificación de la Ley del Mercado de Valores 19-00, sin haber sido consensuada con los diferentes actores que inciden en el sector. La Directora Ejecutiva de la entidad, Clara González, aseguró que esta versión de la propuesta atenta contra el desarrollo y estabilidad del mercado de valores en el país.
González señaló que la Asociación siempre abogó por la creación de una mesa técnica público-privada para analizar la pieza de manera conjunta, con el propósito de garantizar un instrumento más inclusivo en el que se evalúen las lesiones que causaría la restricción de ciertos aspectos vitales para el soporte y continuidad del mercado de valores.
“Sostuvimos un encuentro con las máximas autoridades de la Superintendencia de Valores, en el que presentamos nuestras observaciones a la propuesta de ley, con algunas de las cuales éstos coincidieron, y se pautó otra reunión para el viernes 19 de diciembre con los representantes de todas instancias involucradas para discutir estos temas. Sin embargo, para nuestra sorpresa, la Superintendencia presentó el anteproyecto a varios legisladores antes de la fecha establecida para evaluar la pieza”, declaró la ejecutiva, quien explicó que la reunión del 19, más que una mesa de trabajo, tuvo por finalidad informar que el anteproyecto sería sometido al Congreso.
La APB realizó un proceso de evaluación de la propuesta y considera que es necesario ajustar aspectos que son indispensables para la dinamización del mercado, a los fines de que el marco jurídico garantice su desarrollo y expansión sobre la base de la transparencia y eficiencia.
La entidad cuestionó los cambios radicales en la estructura vigente del mercado de valores que el anteproyecto pretende imponer, los que alterarían el modelo de negocios desarrollado en los últimos años, al amparo de la normativa vigente. Reiteró que las operaciones directas entre las partes se hacen al amparo de la ley vigente, por lo que su eliminación o restricción constituye una afectación de los derechos de sus participantes y a la estabilidad del mercado de valores en sentido general. Señaló también que el anteproyecto atenta contra el derecho que tienen los inversionistas pequeños y medianos de acceder al Mercado Primario de las distintas emisiones en el mercado.
“Hacemos un llamado al señor Presidente Danilo Medina, al Congreso Nacional, a Autoridad Monetaria y a todas las instancias que intervienen en el sector del mercado de valores, tanto públicas como privadas, a construir una ley de valores consensuada, que realmente impulse el crecimiento del sector para beneficio del país”, expresó la directora del organismo.
González afirmó que la reforma constituye una oportunidad única para el fortalecimiento del mercado de valores en República Dominicana para asegurarle a la población mayor acceso a instrumentos financieros, contribuir al crecimiento de la economía y al desarrollo de la competitividad internacional del país. “Nuestras observaciones demuestran que la pieza exige discusión y consenso antes de ser presentada al Congreso, por lo que ahora se estaría incumpliendo con uno de los objetivos básicos de este proyecto que es el fomento y desarrollo del mercado y, por el contrario, se está incentivando su desplazamiento a otras jurisdicciones internacionales”, explicó.
Por otro lado, señaló que todos los Puestos de Bolsa coinciden en fomentar y propiciar en el país las mejores prácticas que dictan los organismos internacionales, especialmente la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), favorecen que la SIV forme parte de este organismo y que la nueva ley contemple todas las disposiciones necesarias para asegurar una transparencia absoluta en el mercados de valores, generando así la confianza necesaria para su desarrollo.
La Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana es un gremio que agrupa a los principales intermediarios de valores del país, cuya función es velar por el fortalecimiento y desarrollo de un mercado de valores diversificado y apropiadamente regulado, que garantice estabilidad económica y sirva de amortiguador de riesgos de los diferentes actores económicos.
