LONDRES, INGLATERRA, (AP).- Transcurrió más de un año con golpizas, privación del sueño, abuso psicológico y amenazas a su familia antes de que Moazzam Begg, ex presidiario de la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, fuera doblegado y confesara que fue un miembro de la red terrorista Al Qaeda. El único problema, dijo, es que no era cierto.
En otro caso, la “confesión” de Mourad Benchellali, un ciudadano francés que fue detenido en Kandahar, Afganistán, fue sólo cuestión de semanas. “Porque tuve miedo, porque era doloroso, y porque me dije: cuando todo esto termine, diré la verdad, pero por ahora es mejor que les diga lo que quieren escuchar”, relató.
Chris Arendt, un ex guardia en la instalación de Estados Unidos ubicada en Cuba, dijo que él observó rutinariamente lo que podría ser definido como tortura, incluyendo que los presos fueran rociados con gas pimienta innecesariamente o llevados a interrogatorios que nunca ocurrían; en lugar de éstos, eran encadenados con grilletes durante horas como castigo.
Arendt dijo que durante el año que permaneció en el centro de detención estadounidense en 2004, le quedó claro que la mayoría de los detenidos tenían relativamente poco valor para los servicios de inteligencia.
“Pensé que si confesaba al menos tendría acceso a las cortes y mis interrogatorios dejarían de ser tan acusatorios”, dijo Begg, de 48 años, quien confesó en 2003 pero fue liberado hasta 2005, junto con otros tres británicos detenidos. Al igual que la mayoría de los detenidos en Guantánamo, nunca fue acusado formalmente.
El presidente Donald Trump está solicitando recomendaciones sobre si la tortura funciona, sobre si deberían utilizarse nuevamente cárceles clandestinas de la CIA para interrogar a sospechosos y sobre si la prisión militar de la Bahía de Guantánamo no sólo debería permanecer abierta, sino si debería aceptar futuros detenidos, según el borrador de una orden ejecutiva que señala extensos cambios a la política de detención e interrogatorios de Estados Unidos. The Associated Press y otras organizaciones de noticias obtuvieron una copia del documento.
El borrador, que la Casa Blanca dijo no era oficial, revertiría la orden del presidente Barack Obama de cerrar la instalación carcelaria de la Bahía de Guantánamo, un sitio que Trump ha dicho que quiere llenar “con tipos malos”.
Trump, quien ha impulsado técnicas de interrogatorio más duras, dijo que consultaría con el nuevo secretario de Defensa, James Mattis, y con el director de la CIA, Mike Pompeo, antes de autorizar cualquier nueva política. Pero señaló que preguntó a funcionarios de inteligencia de alto rango si la tortura funcionaba, y dijo que la respuesta fue “sí, definitivamente”.
“Decir que la tortura funciona es un poco como decir que la esclavitud funciona como un modelo de producción”, dijo Nigel Inkster, ex director de operaciones de la agencia británica de inteligencia exterior, MI6. “No es la conversación que deberíamos estar teniendo”.
Incluso si fuera el caso, la respuesta es rotundamente negativa, dijo Mark fallon, quien se desempeñó como investigador de contraterrorismo para Estados Unidos e intentó imponerse a las prácticas de tortura en Guantánamo una vez que se enteró de ellas durante el gobierno del presidente George W. Bush.
“La tortura es un método muy efectivo para hacer que alguien diga lo que quieres que diga. No es un método efectivo para obtener la verdad o algún tipo de información confiable”, subrayó.
Si el gobierno de Trump resucita las políticas utilizadas durante la administración de Bush, podría poner en riesgo relaciones y colaboración entre Estados Unidos y aliados como Gran Bretaña. La primera ministra Theresa May, quien tiene programada una reunión con Trump el viernes, dijo a la prensa británica que rechaza “absolutamente” el uso de la tortura.
El jueves, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que la propuesta no era un documento “originado en la Casa Blanca”, y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que a su entender fue escrita por alguien que trabajó previamente en el equipo de transición de Trump. “Esto no es algo que esté planeando o se esté trabajando en la administración Trump”, recalcó Ryan.
Aunque no está claro si el gobierno de Trump retomará las políticas utilizadas durante su guerra contra el terrorismo, los defensores de derechos humanos señalaron que incluso el menor movimiento en esa dirección podría generar problemas legales, especialmente con referencia a las “prisiones clandestinas” que la CIA utilizaba para sus interrogatorios.
Binyam Mohamed es un ex prisionero de Guantánamo que estuvo detenido en uno de esos sitios en Marruecos.
El hombre de nacionalidad británica y etíope fue arrestado en Pakistán y posteriormente trasladado bajo el programa estadounidense de “conversión extraordinaria” a Marruecos, en donde afirma que le cortaron el pene con una navaja de afeitar.
Luego fue transferido a Guantánamo en 2004 y liberado en 2009.
Mohammed y otros detenidos demandaron al gobierno británico por colusión con las autoridades estadounidenses, y en 2010, la Corte de Apelaciones del Reino Unido decretó que había sido objeto de “trato cruel, inhumano y degradante por parte de las autoridades de Estados Unidos”. En 2011 se le otorgó, junto a otros demandantes, una compensación.
