El presidente de la Fundación Prensa y Derecho, Namphi Rodríguez, criticó que el Congreso Nacional pretenda obligar a las mujeres víctimas de violaciones sexuales a retener el embarazo.

Afirmó que esa medida atenta contra la Constitución de la República y la Convención Internacional contra la Tortura.

Consideró que al aprobar la penalización del aborto los legisladores desandan sus propios pasos al sancionar una legislación que rechazó hace dos años.
Rodríguez advirtió que la supresión de la eximente del artículo 110 del proyecto de Código Penal se castigará con penas de dos a tres años de prisión a las mujeres que prescindan de sus embarazos por malformaciones del embrión y sean incompatibles con la vida.

“Es un acto de incoherencia legislativa y política” que prácticamente los mismos legisladores que aprobaron en el 2014 una eximente en casos especiales, ahora se decantan con lo contrario, cuando hasta el papa Francisco ha ordenado a sus presbíteros perdonar el aborto”, dijo el abogado.

“En un acto de malabarismo se suprimió la eximente del artículo 110, pero se dejaron los artículos precedentes, del 107 al 109 del proyecto de Código, que criminalizan el aborto imponiendo sanciones a la propia mujer que es víctima de violación y penas de hasta 20 años a los facultativos médicos, eso entra en un umbral de inconstitucionalidad”, sostuvo.

Recordó que el artículo 74 de la Constitución consagra que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional y deben respetados.