Será una jurisdicción especializada la que determinará la citación e interrogatorio a los senadores implicados en el caso del alegado soborno hecho por una empresa brasileña para la compra de los aviones Super Tucano, según informó esta mañana la directora de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa ( PEPCA), Laura Guerrero Pelletier.
Empero, Guerrero Pelletier no especificó el nombre de la jurisdicción privilegiada que se encargará de citar e interrogar a los legisladores en torno al soborno que por más de 3 millones de dólares se habría hecho a un grupo de congresistas para que aprobaran un préstamo para la compra de los ocho aviones Super Tucano.
Las declaraciones de la funcionaria se prestan a confusión, puesto que la Constitución de la República establece que los legisladores, entre otros tipos de funcionarios electos, disfrutan de jurisdicción privilegiada, por lo que sus casos solo pueden ser conocidos por la Suprema Corte de Justicia e interrogados por la Procuraduría General de la República y ella es una procuradora adjunta de la Procuraduría, por lo que como tal tiene competencia para interrogarlos, previa autorización del Congreso.
En respuesta a la posible citación del senador peledeísta Luis René Canaán y de otros que han sido mencionados en el caso, Guerrero Pelletier dijo que “esa parte tiene que ver con una jurisdicción especializada”.
Dijo que se siente satisfecha con la medida de coerción impuesta a los implicados por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Sostuvo que está satisfecha porque la medida garantiza la presencia de los imputados en el proceso.
Vicente Bengoa
En el proceso de conocimiento de medida de coerción a los implicados salió a relucir ayer que la compra de los aviones arrojó un monto total de US$73 millones 789 mil, pero la operación subió a US$93 millones, después de que el entonces secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, pidió que se agregaran US$18 millones más para “gastos logísticos y otros”.
Sobre este aspecto, Guerrero Pelletier no informó si Bengoa será citado para fines de interrogatorio.
Allanamientos
En los allanamientos que hizo la Procuraduría Anticorrupción al coronel Carlos Ramón Piccini Núñez fueron incautados documentos y fotografías de viajes que realizó al extranjero en compañía de algunos legisladores.
Según las investigaciones, esos viajes se hicieron a Brasil y a Nueva York, y el grupo sostuvo encuentros con altos ejecutivos de la Empresa Brasileira de Aeronáutica, S.A. (Embraer), la cual habría pagado en sobornos US$3.5 millones para la aprobación en el Congreso Nacional del préstamo de US$93.6 millones con los que el Estado adquirió una flotilla de ocho aviones Super Tucano, modelo EMB-314.
La negociación entre el Estado y la entidad se hizo en 2008, pero fue a finales de octubre de 2010 cuando el país recibió los últimos tres aviones de los ocho comprados para combatir operaciones de narcotráfico y apoyar la vigilancia en la frontera.
Las aeronaves fueron recibidas en la Base Aérea de San Isidro por el entonces presidente de la República Leonel Fernández, quien los entregó al entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Joaquín Virgilio Pérez Féliz, y al entonces jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, Israel Díaz Peña.
Un Apunte
Los sobornos
En principio se especuló que en el costo de los aviones había una partida de 3,5 millones de dólares para sobornos a los legisladores que aprobaron el préstamo de 93 millones. Posteriormente salió a relucir que el costo real de las aeronaves apenas alcanzó los 73 millones de dólares, por lo que hay otros 15 millones que las autoridades investigan para determinar su paradero.
