El doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, aseguró que el Reglamento de Aplicación de la Ley 169-14, emitido por el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 250-14, en nada contraviene lo que dicha iniciativa establece.
El ministro de Interior y Policía también dijo que el decreto 250-14 que crea el Reglamento de aplicación a la ley 169-14, emitido ayer por el presidente Danilo Medina, se acoge a la Constitución sin violar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
Pina Toribio, comunicó que el presidente Danilo Medina se tomó el tiempo necesario para hacer consultas públicas y sopesar las implicaciones de la ley de referencia, antes de dictar el reglamento correspondiente.
Al ser entrevistado en el programa de televisión Hoy Mismo, el destacado profesional del Derecho dijo que en el Gobierno existe un criterio unificado en cuanto a la aplicación de la Ley y el Reglamento, en la búsqueda de una solución humanitaria a la problemática de irregularidad de los extranjeros en el país, conforme a la voluntad del presidente Danilo Medina.
Refirió que la Ley establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional y que no figuran inscritas en el Registro Civil dominicano, lo que al igual que el Reglamento de aplicación de la misma, no constituye un regalo de la nación dominicana.
Pruebas irrefutables de haber nacido en República Dominicana
El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo precisó que las personas que se sometan al proceso de regularizarse tienen que aportar al Ministerio de Interior y Policía elementos de pruebas irrefutables de haber nacido en la República Dominicana.
Agregó, que luego de que la entidad migratoria compruebe que los datos aportados constituyen pruebas fehacientes, dos años después, esos extranjeros tienen la opción de solicitar que se les conceda la nacionalidad dominicana.
“Es decir, no hay una asignación automática de la nacionalidad, por el simple hecho de la naturalización o por el simple hecho de someterse a este proceso”, aclaró Pina Toribio.
Señaló que el Reglamento obliga a cumplir en la práctica con un plazo de 90 días para que las personas aludidas en la ley, con posibilidad de obtener su regularización migratoria, puedan hacer los primeros trámites hacia la naturalización.
“Hay una cuestión que todos debemos entender, que en este caso del Reglamento, los principios fuertes que obligan al Estado dominicano y que generan modificaciones relevantes en lo que es todo el sistema de Registro del Estado Civil, están contenidos en la ley”, argumentó.
En ese sentido, manifestó que la ley lo que hace es incorporar modificaciones a puntos muy especiales, teniendo en cuenta la naturaleza de la situación creada con la permanencia en el país y sin ningún control, de los inmigrantes irregulares y de los hijos de esos extranjeros.
Con brillante ejercicio de su profesión, Pina Toribio es un técnico de reconocido prestigio en el campo del Derecho, que camina de la mano con una larga trayectoria política y de servicio al país.
Para dar respuesta a una pregunta que le fue formulada, explicó que la Ley 169-14 mide el alcance del Plan Nacional de Regularización y establece un procedimiento para que hijos de extranjeros, cuyo nacimiento en el país se pueda comprobar, accedan a la naturalización como resultado de ese procedimiento, no por una decisión inmediata y directa. Afirmó que esos mecanismos evitarán el que otorgue la nacionalidad dominicana a cualquier persona.
Coordinador de la redacción del Reglamento
Pina Toribio, quien tuvo la encomienda de coordinar el contenido textual del Reglamento, dijo que en cumplimiento de esa misión ”examiné muchas veces ese documento, le dediqué muchas horas de lectura y no encontré ninguna contradicción con la Constitución de la República”.
Junto a él formaron parte de la comisión escogida para esas labores por el presidente Medina, los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo y de Interior y Policía, José Ramón Fadul, con la asesoría de dos calificados abogados.
En respuesta a otra pregunta relacionada con la idoneidad de los abogados asesores de la comisión, aseguró que son personas de reconocido prestigio profesional y solvencia moral y que bajo ningún concepto se les puede catalogar como servidores de ningún interés extraño ni de organismos internacionales, como tampoco se les puede endilgar la intención de variar la decisión del Presidente de la República.
Consultoría jurídica fue la receptora de las propuestas
Explicó que la convocatoria para las consultas se hizo a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, a través de su página web, como receptora de esas consideraciones, donde se registraron todas las propuestas que enriquecieran, ampliaran o fortalecieran el Reglamento, no consideraciones de carácter general sobre cuestiones de fondo que están implícitas en el reglamento.
A este respecto informó que algunas de las propuestas sometidas no pudieron ser acogidas, porque contrariaban el espíritu de la Ley, como fue el caso de la fecha límite para las consultas establecidas por la propia Ley, al igual que los pasos para dictar el Reglamento.
Aclaró que la ley contempla que la Junta Central Electoral, luego de que la autoridad migratoria admita a los extranjeros irregulares, proceda a incorporar a esas personas en el Registro Civil.
En tanto , José Ramón Fadul pidió que el tema no sea politizado porque se trata de un reglamento que fue bien discutido y que el Gobierno ha asumido con responsabilidad, en el que se analizaron todas las aristas sobre la problemática de la regularización y el estatus migratorio de extranjeros irregulares en el país.
“Es un tema que no debe ser politizado y se trata de una realidad, la que tiene el país, que se debe asumir con responsabilidad, pues de no ser así, el daño no se le haría al Gobierno sino al mismo país”, consideró.
El funcionario garantizó que en el Reglamento no hay nada distinto y que con el mismo se trata con responsabilidad la problemática de la falta de documentación de muchas de las personas que mantienen un estatus irregular en el país.
Explicó que el Reglamento no choca con el trabajo de organismos como la Junta Central Electoral (JCE), debido a que primero se hace un proceso inicial y posteriormente se envía una documentación completa al referido organismo.
El ministro Fadul expuso que el Reglamento cumplió con todas las normativas y se dio un plazo de diez días para que quienes tuvieran aportes o sugerencias lo hicieran. Dijo que los funcionarios a cargo de la elaboración siempre han sido accesibles.
Planteó que si alguien tiene alguna inconformidad puede acudir a canales como el Tribunal Constitucional, institución de la que dijo actúa con prontitud y equidad en sus decisiones.
“Esto ha sido muy discutido por nosotros y este Reglamento crea un mecanismo justo para buscar salidas y fortalecer el estatus migratorio”, precisó.
Al ser entrevistado por Huchi Lora y Javier Cabreja, en el programa El Día, que se transmite por Telesistema canal 11, Fadul insistió en la dedicación y el esfuerzo puestos por la Comisión que creó el Reglamento para buscar una salida a la problemática.
Indicó que se trabajó sobre la base del Reglamento de 21 artículos que permite viabilizar la aplicación de la Ley 169-14 y establece un régimen especial para las personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre Naturalización.
“No es nada distinto, no es inconstitucional, y el que tiene alguna objeción sobre eso, lo que debe es apoderar al Tribunal Constitucional, porque esos son los recursos que establece la Constitución dominicana”, reiteró.
El funcionario fue enfático al exponer que en el país existe una franja de población que no cuenta con ninguna documentación y a quienes hay que proveer de un instrumento legal que les permita buscar un estatus migratorio, y enfatizó que es una facultad del Estado dominicano proveerlo respetando la soberanía.
“Es un acto facultativo del Estado porque se trata de un acto de soberanía”, puntualizó.
