Según el Wikcionario, diccionario en castellano de contenido libre que se encuentra en la web (www.es.wiktionary.org/wiki), meritocracia (del latín mereo merecer, obtener) se define como el Gobierno de aquellos que llegan al poder por sus méritos, conocimientos técnicos y habilidades profesionales. Es un neologismo muy extendido pero no recogido por los diccionarios tradicionales, razón por la que no encontré este sustantivo femenino en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española.

La columna trae a colación el nuevo vocablo para referirse al Estatuto de la Función Pública que contempla el art. 142 de la Constitución: es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Dicho estatuto determinará la forma de ingreso, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación del servidor público de sus funciones.

Antes de la constitucionalización de este régimen estatutario en el 2010, la Ley 41-08 sobre Función Pública estableció, como uno de los principios fundamentales de este estatuto, el mérito personal: Tanto el ingreso a la función pública de carrera como su ascenso dentro de ésta debe basarse en el mérito personal del ciudadano, demostrado en concursos internos y externos, la evaluación de su desempeño y otros instrumentos de calificación; (art. 3.1.)

Esta meritocracia, que se requeriría para acceder a la gestión de cualquiera de los tres poderes públicos, refiere a valores asociados a la preparación académica, a la experiencia profesional, y a la aptitud para asumir responsabilidades laborales para la protección efectiva de los derechos y de la dignidad de las personas, función esencial del Estado dominicano.

No nos adentraremos en el ejercicio del derecho constitucional de ciudadanía a elegir y ser elegible para los cargos mediante el sufragio popular, en los cuales también debería la ciudadanía exigir meritocracia por encima del liderazgo clientelar que aprovecha el estado de necesidad y el envilecimiento histórico a los que han sido sometidos los muchos humildes de este pueblo.

Para practicar la meritocracia en la función pública una buena parte de los funcionarios, sobre todo los de puestos técnicos y de dirección (exceptuando Ministros y sus vices que son nombramientos políticos), debe ingresar a la carrera administrativa vía concursos públicos competitivos donde demuestren sus capacidades, cuestión de ampliar las oportunidades laborales de jóvenes y talentosos profesionales y obtener así el mejor recurso humano interesado en servir a la colectividad.

Si bien el sistema de selección de personal basado en la meritocracia nunca es posible aplicarlo de manera pura en ningún país, la RD hace sus pinitos al respecto: cada vez más se lee en la prensa llamados a concurso para plazas de alto componente técnico en la Administración Pública, como exigen y mandan la Constitución y las leyes. En el caso de la Cancillería y del Servicio Exterior, y por mi experiencia acreditada de más de una década en la función pública que orienta y maneja las relaciones internacionales de la nación, me consta que a finales de los 90 funcionó la integración de funcionarios diplomáticos mediante concursos, y la mayoría de los escogidos de entonces han hecho carrera y enorgullecen la ciudadanía con su accionar eficiente.