En estos días de mucho análisis técnico, negociación política y bullicio mediático sobre la reforma fiscal cuya búsqueda de consenso fracasó en el Consejo Económico y Social y que ahora pasa como paquete tributario al Congreso para su discusión y aprobación, recordé tiempos finiseculares al releer la columna del 22 de diciembre de 1999 cuando escribí:
Toma fuerza la propuesta de un nuevo modelo económico. El presidente Fernández ha dicho que nuevas reformas económicas son necesarias. Luce que son para cumplir con dos objetivos fundamentales: continuar con el crecimiento económico y disminuir los niveles de pobreza.
La exigencia de un nuevo modelo, político o económico, suele llegar luego de una crisis. En 1988, por ejemplo, el país vivió niveles de inflación que afectaron directamente los niveles de vida de miles de dominicanos, y luego vinieron las socialmente costosas medidas de 1990. Antes, en 1984, las exigencias de los cambios económicos llegaron cuando la crisis del sector externo era tan profunda que afectó no sólo la economía sino que hizo profundamente vulnerable la gobernabilidad.
Es muy común, como decía Charles de Gaulle, que los viejos principios pierdan vigencia antes de que los nuevos hayan madurado. Dicho de otro modo, acometemos las reformas cuando las mismas son impostergables y socialmente muy costosas. ( ) Los cambios en periodos de crisis siempre son sufridos por los sectores sociales más vulnerables. En los próximos 10 años el país debe crecer económicamente y tiene que disminuir la pobreza en por lo menos dos puntos porcentuales por año, tal que el 20% de la población que vive con apenas 15 pesos diarios pueda incorporarse al sistema laboral y a los servicios básicos.
Si queremos tener esos dos objetivos habrá que mejorar el sistema educativo y las infraestructuras. También reformar los sistemas de seguridad social y de salud, así como profundizar la modernización del sistema tributario. La competitividad tiene que ser una meta a alcanzar antes de ese plazo. En los próximos cinco años el sector productivo tanto industrial como agrícola tiene que incrementar sustancialmente su productividad y alcanzar niveles de calidad mundial.
Ninguno de esos impostergables objetivos se pueden lograr con la sola participación de un sector político o empresarial. La construcción de un nuevo modelo económico debe hacerse ahora con una amplia participación.
El año 2000 debe marcar el final del pesimismo intelectual que caracterizó nuestra sociedad a lo largo del siglo pasado. El crecimiento económico, en un sistema democrático y con justicia social, es uno de los retos que tiene la nación de cara al nuevo siglo. Vencer el pesimismo de los muchos que no han disfrutado de mejoría en sus condiciones de vida es el otro reto que tenemos que lograr.
12 años más tarde, y con algún dejo de quijotismo en mis palabras de la época, sorprende lo poco que hemos avanzado en ponernos de acuerdo en todo lo que requiere el Estado para que la nación sea competitiva, equitativa e institucional. Si ahora el tema es que este necesita más recursos, que los mismos vayan a sacar de la pobreza a los muchos que aun sufren ese anatema humano y social.
