Junto al entrañable amigo, compañero de faena y lúcido economista Jaime Aristy Escuder hemos cuestionado cómo la empresa Barrick Gold (BG) logró convencer al gobierno de Leonel Fernández de que le regalara, por lo menos, 1,225 millones de dólares en los próximos cuatro años de gobierno de Danilo Medina.
La historia comienza con la empresa Placer Dome (PD) en el año 2002 cuando el Gobierno dominicano firmó con la empresa minera canadiense un contrato de explotación del oro de la mina de Pueblo Viejo, en el cual se establecía que el país recibiría un 3.2% del retorno neto de fundición (diferencia entre el precio de venta menos los costos de producción).
Además, la PD pagaría una participación de las utilidades netas que oscilaría entre un 5% y un 25%, según fuera el precio de venta del oro. Por último, la empresa cumpliría con las obligaciones de Impuesto Sobre la Renta. Cabe recordar que, para obtener esos resultados, las autoridades dominicanas contaron con la brillante asesoría de Robert Conrad y Donald Lubick, dos expertos norteamericanos en temas mineros e impositivos, así como de la prestigiosa firma de abogados Steel, Hector & Davis.
En el año 2006, la BG compró los intereses de la PD en el país y en Chile. En ese momento el precio de la onza de oro troy era de 564 dólares, lo cual implicaba que la participación del Estado en las utilidades era de un 25%. En otras palabras, cuando la BG compró a la PD sabía que adquiría un compromiso de pagar ese porcentaje al pueblo dominicano y, como es obvio, redujo ese monto del valor de compra.
El cálculo de la participación del Estado en dólares bajo el contrato de la PD es sencillo. La BG extraerá un millón de onzas troy anualmente a un costo de 275 dólares la onza. Si se asume un precio de venta en los mercados internacionales de 1,500 dólares, se concluye que la empresa canadiense debería pagar anualmente al Estado la suma de 306 millones de dólares por concepto de participación de las utilidades netas.
Lo inexplicable es que la BG logró convencer al Gobierno de que se modificara el contrato para que la participación de un 25% fuera diferida hasta tanto la empresa recupere su inversión y que la tasa interna de retorno fuese superior al 10%. Esto revela que el contrato tiene un incentivo perverso que estimula el abultamiento de la inversión registrada en libros, la cual no puede ser auditada por el Estado. De hecho, la BG anunció que el monto de la inversión superaría los 3,000 millones de dólares, una suma diez veces superior a la inversión que había programado la PD en el año 2002.
Para restablecer su equilibrio económico-financiero el contrato con la BG debe ser renegociado por el Gobierno del Presidente Danilo Medina que, por demás, requiere de recursos adicionales para pagar las facturas heredadas en los maletines que les dejó su predecesor. Que también, como afirma Jaime, es la única salida a un contrato que equivale a una gran estafa minera.
