La Constitución fundacional de la República Dominicana proclamada el 6 de noviembre del 1844 estableció no sólo el principio de supremacía de la norma constitucional sobre toda otra de carácter adjetivo, sin importar de quien ésta emane, sino también su garantía mediante el control jurisdiccional de la constitucionalidad en la variante el sistema americano o difuso. En su artículo 35 disponía que No podrá ninguna ley contraria ni a la letra ni al espíritu de la Constitución; en caso de duda, el texto de la Constitución debe siempre prevalecer; y en el 125, que ningún Tribunal podrá aplicar una ley inconstitucional, ni los decretos y reglamentos de administración general, sino en tanto que sean conforme a las leyes.
Sin embargo, históricamente se constata lo harto difícil que ha sido para gobernantes y gobernados criollos hacerla Constitución de obligado y eficaz cumplimiento. En el momento nefasto del autoritarismo y el despotismo ilustrado fue catalogada como un pedazo de papel por un ex presidente constitucional de la República quien, junto a sus funcionarios¸ había jurado ante Dios y el pueblo dominicano cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes(juramento que en la práctica consuetudinaria de los gobiernos ha resultado huero, por acción u omisión).
Para la doctrina mayoritaria en el país, la constitución vigente es el texto de 1844 con las reformas parciales sufridas en redacción, numeración y estructuración (Pellerano Gómez), por lo que técnicamente El programa constitucional de San Cristóbal se ha mantenido, en toda su significación, como norma de derecho político de la República (Peña Batlle). De las 38 reformas hechas a la fecha, han sido más bien obras de retoque que una ruptura con el orden establecido en 1844 (Amiama). Así, la inestabilidad política que ha sufrido el país no se ha traducido una inestabilidad constitucional si por ella entendemos cambios completos de Constitución (Jorge Prats).
No obstante, resulta incuestionable que las reformas constitucionales emprendidas por razones oportunistas desvalorizan el sentimiento constitucional en la norma que regula en proceso político (Loewenstein), lo que ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de nuestra historia republicana con un tema de alta relevancia política como es el de la reelección presidencial, el eterno tópico del constitucionalismo dominicano.
Con la profunda reforma del 2010 que ha dotado el país de una extensa Constitución, con una moderna organización del Estado y un amplio catálogo de derechos fundamentales, la aspiración de los gobernados sería, primero, que la misma sirva para instrumentar la real transformación de una sociedad caracterizada por la desigualdad, la injusticia y, segundo, que sea efectiva para imponer límites al ejercicio del poder político de turno mediante la sujeción de sus actos a la Norma Suprema.
Las primeras sentencias del novel Tribunal Constitucional manifiestan una inequívoca vocación de ser un celoso guardián de la Constitución. Por igual, la reciente declaración del presidente del TC, doctor. Milton Ray Guevara, de que la Constitución será materia obligatoria en las escuelas augura que las futuras generaciones conocerán y respetarán la ley más importante para desarrollar una nación: sin sentimiento constitucional no habrá ni ciudadanía responsable, ni vida digna ni patria libre.
