Atentado a la libre empresa
Hace aproximadamente un año el presidente de la República Danilo Medina dio “el primer picazo” que dejó inaugurado el proyecto de construcción, con inversión privada local y extranjera bajo el consorcio Antillean Gas LTD, de una nueva terminal de gas natural en San Pedro de Macorís. Cuando esto ocurre el mensaje de un Gobierno apunta a la calificación del mismo como prioritario para el desarrollo nacional e implica garantías a la seguridad jurídica requerida por el sector privado cuando arriesga capitales, sobre todo en un sector regulado y estratégico.
Al efecto, resulta paradójico que el flamante Ministro de Energía y Minas Pelegrín Castillo no sólo ha hecho pronunciamientos públicos en los que rechaza este proyecto por su ubicación, sino que además se ha tomado atribuciones que no contempla la ley orgánica de este nuevo Ministerio y ha pretendido anular la resolución del de Industria y Comercio (MIC) que, cumpliendo su mandato de órgano regulador de la comercialización de hidrocarburos, otorgó el permiso correspondiente para la construcción de un gasoducto por redes para transportar el gas natural.
Estas malhadadas acciones de un alto funcionario que desafía la política gubernamental en materia energética han provocado las justificadas reacciones en contra del empresario Juan Bautista Vicini Lluberes, uno de los principales promotores del proyecto en cuestión, en las que destaca “un ahorro de US$300 millones (anuales) en la generación de energía eléctrica”, así como la eliminación del “carácter monopólico que impera en el sector” que hoy sólo cuenta con la terminal de AES Dominicana.
Vicini calificó las trabas administrativas del Ministro de Energía y Minas (MEM) como un “atentado a la libertad de empresa” consagrada como derecho fundamental en el art. 50 de la Constitución, disposición que también prohíbe los monopolios salvo en provecho del Estado y por ley. Por demás, el aguerrido empresario justificó la ubicación de la terminal en SPM donde “actualmente hay un parque de 980 megavatios”, al replicar la proposición del susodicho Ministro de que esta terminal debería ser construida en la región Norte “donde no hay capacidad instalada para demandar el gas natural”.
Con esta terminal en funcionamiento, Antillean Gas LTD convertiría a gas natural las unidades de generación eléctrica CESPM (antigua Cogentrix), Quisqueya I y II, Sultana del Este, Los Orígenes y CEMEX, a las que supliría este combustible más barato y amigable con el medio ambiente. Pero actualmente “los trabajos están atrasados precisamente por la oposición del Ministerio de Energía y Minas”, lo que retrasa por igual el cambio de matriz energética del parque de generación eléctrica que impulsa el Gobierno.
En cuanto al conflicto de competencias interministerial que se ha generado con las actuaciones antijurídicas del MEM, “Vicini aclaró que lo de la nueva terminal y su operatividad es un asunto de industria y comercio, no de exploración o explotación minera”, en franca alusión a la falta de atribución legal de este Ministerio para regular la comercialización de los derivados del petróleo y de otros hidrocarburos como el gas natural.
Corresponde ahora al presidente Medina zanjar este impasse entre ambos Ministerios para evitar que las interpretaciones antojadizas y las actuaciones ilegales del de Energía y Minas sigan conculcando derechos fundamentales a empresarios que invierten en el país.
