Opinión

Agenda Global

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Hace cerca de un par de décadas el excelso y recordado Don Rafael Herrera editorializó, en uno de tantos de antología, que la protección del medio ambiente y de los recursos naturales podía erigirse en “una dictadura ecológica” que impidiera el progreso industrial y comercial, así como el desarrollo económico, social y humano de una nación. Abogaba esta clarividente y tenaz pluma del periodismo criollo que lo importante era compatibilizar los negocios y el medio ambiente, evitar los extremos de todo o nada.

Para la época, la consciencia colectiva de conservar el equilibrio ecológico tomaba forma institucional en el país mediante la declaratoria de parques nacionales y áreas protegidas vedadas a cualquier tipo de explotación empresarial. Sin embargo, en ocasiones no quedaban claros los criterios con que se satanizaban proyectos de inversión a ser instalados en áreas donde lo imprescindible era determinar, técnicamente, si el impacto medio ambiental podría tener algún tipo de remedio que compensara los beneficios potenciales para la geografía humana. 

Siguiendo la tendencia global en la materia, pocos años después el país se dotó de una moderna legislación (Ley 64-00) y de una Secretaría de Estado, hoy Ministerio, institución encargada de velar por la protección del medio ambiente y de los recursos naturales que, hoy por hoy, ha establecido mecanismos regulatorios que controlan el impacto negativo de la instalación de todo tipo de negocios en el país, mediante el otorgamiento de diversos tipos de licencias y permisos medioambientales.

Por igual, la reforma constitucional del 2010 consagró como fundamentales los “derechos colectivos y del medio ambiente”. Por igual, el deber del Estado de garantizar que “Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza”.

A nivel global el debate entre si los negocios y medio ambiente son “enemigos o aliados”, como ha escrito Cristina García-Orcoyen en el Observatorio Medioambiental, nace de que, tradicionalmente, la relación de la industria y del mundo empresarial con el medio físico ha sido “de olvido cuando no de indiferencia”, sin olvidar el interés depredador de los gobiernos y empresarios que contemplan la naturaleza y la biosfera “como una fuerte inagotable de recursos” o “un sumidero…para desechos”.

Esta antinomia mantiene su vigencia en la medida en que el concepto de “desarrollo sostenible” presenta tres caras: el crecimiento económico, la preservación del entorno, pero también el desarrollo social que obliga a buscar formas científicamente creativas para armonizar estos tres elementos.

Es por ello que surge la responsabilidad social y mediombiental como un valor corporativo que ya no sólo es patrimonio de las industrias denominadas “sucias” por sus niveles de toxicidad y contaminación. Esta representa el compromiso empresarial de “minimizar las presiones sobre el medio ambiente hasta un nivel en el que las capacidades de regeneración de los recursos naturales permitan su salvaguarda y explotación productiva”. Porque para toda empresa, “el éxito económico sólo será posible si éste va acompañado de un impacto medioambiental y social positivo”. 

El Nacional

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