Hace pocos días la prensa española reseñaba la condena a seis años de cárcel para Jaume Matas, ex presidente autonómico de las islas Baleares por el Partido Popular (PP) en los periodos 1996-1999 y 2003-2007, y ministro de Medio Ambiente (2000-2003) del gobierno de José María Aznar, por delitos graves de corrupción, entre los que cuentan malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial, fraude a la administración, prevaricación en concursos públicos y tráfico de influencias agravado.
Se trata del cuarto alto funcionario desde la reinstauración de la democracia en la madre patria, a raíz de la muerte del dictador Francisco Franco en el 1974, cuya gestión merece el castigo de los tribunales mediante penas que lo colocan a un paso de su ingreso a prisión, así como una inhabilitación especial por cinco años para ejercer cualquier cargo electivo referido a la Administración Pública. Esta última pena se asimila en nuestro ordenamiento penal a la pena infamante de la degradación cívica que el artículo 146 de la Constitución prevé para las personas condenadas por delitos de corrupción.
Uno de los delitos cometido por Matas fue el de amañar un concurso para que el periodista Antonio Alemany, quien también fue condenado en el mismo caso a tres años y nueve meses de cárcel, les redactara sus discursos y ensalzara la gestión del alto funcionario en los artículos de opinión que este columnista independiente realizaba durante años en el diario El Mundo.
Esta condena se enmarca en el sonado caso Palma Arena, polideportivo que pasó de costar 44 millones de euros a 110 millones, que incluye acusaciones por adjudicación grado a grado, pago y cobro de comisiones, financiación irregular de campañas políticas, contratación irregular, lavado de activos y desvío de fondos públicos, delito este último por el que también está siendo investigado el nuero de los reyes de España Iñaki Urdagarin.
Hasta el 2004 Matas fue considerado por su partido como un ejemplo de gestión, pero al recibir la noticia de la dura sentencia los líderes del PP se desmarcaron del condenado y recordaron que desde hace dos años no pertenece al partido ya que este fue renovado en Baleares, lo que le permitió recobrar el poder autonómico el pasado mayo.
Pues bien, en el frente local esta semana el Comando de Campaña del PRD ha emplazado al candidato presidencial del PLD Danilo Medina a que se pronuncie y fije su posición sobre las denuncias de 17 casos de delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito que pesan sobre el todopoderoso senador Félix Bautista.
El Comité Central del PLD ha salido en defensa de su compañero, principal contribuyente de la actual campaña y hombre de confianza del presidente de la República. La pregunta obligada es si Danilo haría lo que nunca se ha hecho y castigaría los innegables delitos de corrupción cometidos en la gestión de su partido, o si su silencio cómplice muestra que continuará la impunidad porque está bien. Sea usted el jurado.
