Opinión

Agenda Global

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El 31 de agosto del 2012 esta columna avanzó algunos de los argumentos que justifican una renegociación de los términos del contrato suscrito por el Estado dominicano con la multinacional minera Barrick Gold. Un análisis comparado entre el contrato suscrito en el 2002 por la administración Mejía con la empresa canadiense Placer Dome y el renegociado en el 2007 por el gobierno Fernández arroja que la participación del Estado en los beneficios de la explotación de nuestro oro era mucho más ventajosa en el contrato original.

Se echa de ver que en el 2002 los funcionarios encargados de la negociación procuraron la asesoría de reputados expertos en temas mineros e impositivos, con lo que reconocieron que se requerían “refuerzos importados” para sentarse a la mesa a negociar el contrato con el equipo de asesores, abogados y ejecutivos de la Placer Dome, con reconocida capacidad y experiencia para cerrar contratos de explotación minera en condiciones favorables a sus intereses en muchos países en vías de desarrollo del mundo.

Ahora bien: cuando le correspondió al gabinete del ex-presidente Fernández afrontar la delicada y compleja tarea de renegociar el contrato, a solicitud de la Barrick Gold que había adquirido los derechos del mismo, no se conoce que el gobierno de entonces contratara asistencia profesional especializada para “nivelar el terreno” con la poderosa contraparte negociadora de asesores, abogados y ejecutivos, nacionales y extranjeros. Los resultados de estas desastrosas negociaciones están a la vista de todos y, ya sea por ignorancia técnica o por negligencia en la preservación del interés nacional, hoy por hoy el reclamo popular exige que este contrato sea revisado cuanto antes. 

Pero también he externado públicamente mi posición en el sentido que no se debe “satanizar” a la Barrick Gold por el hecho de que se haya “mal negociado” un contrato con una empresa multinacional que, por definición, busca maximizar sus utilidades cuando pacta un contrato en cualquier país. Sería mezquino no reconocer que esta compañía ha realizado una importante inversión en el país, que ha creado numerosos empleos y negocios, que va a incrementar las exportaciones nacionales, y que maneja el pasivo ambiental dejado por la Rosario con criterios de “minería responsable” con el medio ambiente.    

Por el incuestionable aporte al desarrollo nacional y porque vivimos en un Estado de Derecho que, aunque maltrecho, todavía reconoce un contrato como un acto jurídico cuya validez viene otorgada por la Constitución y las leyes que organizan el Estado y la vida en sociedad, he manifestado y concuerdo con el Ministro de Industria y Comercio licenciado  José Del Castillo en “que el contrato puede ser mejorado dentro del marco de un diálogo entre el Gobierno y la empresa, siempre, obviamente, dentro del contexto de respeto a la seguridad jurídica que es la garantía natural y normal que el Estado dominicano debe dar a todas las inversiones en el país”.

También coincido con las voces que reclaman que dicha mejoría contractual debe aportar beneficios al país desde estos primeros años de explotación, y nunca luego de que la Barrick Gold recobre su cuantiosa inversión en unos años.

El Nacional

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