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Hace unos días la Oficina de Desarrollo Humano (ODH) del PNUD, que dirige el reputado intelectual y buen amigo Miguel Ceara-Hatton, puso a circular un enjundioso informe de más de mil páginas titulado “Política Social: capacidades y derechos”, encomiable y rigurosa investigación realizada durante tres años por un equipo de destacados cientistas sociales, a solicitud del hoy Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Como dice Miguel que para evaluar este informe “hay que leerlo todo o en parte”, en esta entrega la columna se limitará a resaltar aspectos y hallazgos del Volumen I, con énfasis en el Marco Teórico cuyo conocimiento es vital para aprehender los conceptos a partir de los cuales se realiza el análisis sobre la realidad social. 

Lo primero es que este informe basa su propuesta de política social en “una visión integral del desarrollo articulada en función del enfoque del desarrollo como libertad o el enfoque de capacidades” del premio Nobel de economía de 1998 Amartya Sen, perspectiva que nos aleja del ámbito material de los bienes y de los beneficios para profundizar en el “desarrollo humano entendido como la ampliación de las libertades reales de las personas para elegir lo que valoran en la vida”.  Es por ello que el nivel de desarrollo de un país no refiere al nivel de riqueza que genera, sino a la eliminación de las privaciones y las carencias de las opciones que  consideradas vitales para alcanzar el bienestar.  

Si bien la economía ha crecido a una tasa de 5.4% promedio anual en los últimos 48 años, el informe comprueba de manera científica que la sociedad dominicana ha generado más pobreza, mayor desigualdad y mayor exclusión social. Y es que las “libertades reales” de las personas “dependen del acceso a las oportunidades sociales y a los bienes públicos”, cuya oferta está determinada por el nivel de recursos de un país para proporcionar el sustento material, y el Estado de derecho que regula las relaciones de poder y garantiza el ejercicio de las opciones por parte de las personas.

Sobre este último aspecto, el informe también parte del “enfoque de derechos”: cada individuo es una persona moral y legal, portadora de derechos y deberes y responsable de ejercerlos. Desde la óptica del desarrollo humano, lo importante es la “exigibilidad” de los derechos económicos, sociales y culturales que determinan las condiciones de bienestar que el Estado tiene la obligación de materializar, de manera eficiente y equitativa, mediante un proceso de “ciudadanización de la sociedad”. Al respecto, el informe pone de relieve una realidad que la mayoría de la gente padece en su diario vivir: en la RD no existe igualdad de oportunidades y la política partidaria se ha convertido en el principal mecanismo de inclusión y de movilidad social al impedir que el ejercicio de derechos sea la vía de acceso a los bienes, servicios y recursos que provee el Estado.

El Nacional

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