Opinión

Agenda Global

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Me trajo buenos recuerdos el pasaje del reciente discurso del presidente  Danilo Medina el día inaugural de la 67ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en el que citó al premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen, quien “nos habla del desarrollo como Libertad”.

Corrían los días de junio del 2010 cuando  la Oficina de Desarrollo Humano (ODH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que, a la sazón, dirigía el reputado economista y buen amigo Miguel Ceara-Hatton, puso a circular un enjundioso informe de más de mil páginas titulado “Política Social: capacidades y derechos”.

Encomiable y rigurosa investigación realizada durante tres años por un equipo de destacados cientistas sociales, a solicitud del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Basado en las ideas de Sen, el análisis sobre la realidad social dominicana y la consiguiente  propuesta de política social contenida en el Informe refiere a “una visión integral del desarrollo articulada en función del enfoque del desarrollo como libertad o el enfoque de capacidades”, perspectiva que nos aleja del ámbito material de los bienes y de los beneficios para profundizar en el “desarrollo humano entendido como la ampliación de las libertades reales de las personas para elegir lo que valoran en la vida”.

Es por ello que el nivel de desarrollo de un país no apunta al nivel de riqueza que genera ni al de “la renta nacional per cápita”, sino a la eliminación de las privaciones y a la escogencia de opciones que las personas consideran vitales para alcanzar el bienestar. 

Si bien la economía ha crecido a una tasa de 5.4% promedio anual en los últimos 50 años, el informe comprueba de manera científica que la sociedad dominicana ha generado más pobreza, mayor desigualdad y mayor exclusión social.

 Y es que las “libertades reales” de las personas “dependen del acceso a las oportunidades sociales y a los bienes públicos”, cuya oferta está determinada por el nivel de recursos de un país para proporcionar el sustento material, y el Estado de derecho que regula las relaciones de poder y garantiza el ejercicio de las opciones por parte de las personas.

Sobre este último aspecto, el Informe también parte del “enfoque de derechos”: cada individuo es una persona moral y legal, portadora de derechos y deberes y responsable de ejercerlos.

Desde la óptica del desarrollo humano, lo importante es la “exigibilidad” de los derechos económicos, sociales y culturales que determinan las condiciones de bienestar que el Estado tiene la obligación de materializar, de manera eficiente y equitativa, mediante un proceso de “ciudadanización de la sociedad”.

Al respecto, este documento pone de relieve una realidad que la mayoría de la gente padece en su diario vivir: en la República Dominicana no existe igualdad de oportunidades y la política partidaria se ha convertido en el principal mecanismo de inclusión y de movilidad sociales al impedir que el ejercicio de derechos sea la vía de acceso a los bienes, servicios y recursos que provee el Estado.

Y para corregir esto se debe pasar del dicho al hecho.

El Nacional

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