Hace más de 20 años, cuando desempeñaba las funciones de fiscal adjunto del Distrito Nacional, bajo la sombrilla del antiguo Código de Procedimiento Criminal, me tocó revisar el expediente de tres individuos imputados por la Policía en el homicidio de un hombre dentro de un colmado.

Al interrogarlos, se pudo establecer que los acusados no se conocían entre sí y que no tenían relación con el occiso, por lo que era difícil establecer el motivo del crimen o quién acuchilló a la víctima, dado que en el expediente policial no se refirió si el homicidio estuvo precedido de discusión o riña.

Ante esa situación decidí consultar al magistrado de mayor experiencia y maestro del derecho penal, quien inmediatamente me increpó: -“¿hay un muerto?” –“Sí señor”- “¿Un certificado médico que señale que fue asesinado?”- “Sí señor”. “Entonces, si hay un muerto, alguien lo mató”, me respondió.

Le dije que no encontré causa probable en ninguno de los imputados, a lo que increpó: “¿Usted pretende enviar a Instrucción un muerto sin matador? La recomendación final del maestro fue la de remitir ese expediente con los tres inculpados para que el juez instructor decidiera sobre su inocencia o culpabilidad.

Sin establecer ningún tipo de afinidad entre lo que acabo de contar con el trágico caso del asesinato del abogado Yuniol Ramírez, me parece prudente resaltar que en la comisión de un homicidio, siempre se procura identificar al homicida material e intelectual, el motivo y posibles complicidades.

Ministerio Público y la Policía han avanzado mucho en la investigación sobre ese asesinato, al identificar imputados, así como el posible motivo por el que se perpetró el hecho. El tema de la corrupción, además de causa primigenia de la infracción criminal, se deriva en un crimen subsidiario.

Aves de rapiña se han lanzado sobre este expediente en la intención de sacar provecho político sobre desgracia ajena, al punto que algunos buitres lo devoran por el lado de la corruptela que la víctima habría descubierto en una agencia estatal, y otros por el costillar de la extorsión.

Un viejo aforismo aconseja que del muerto se diga todo, menos lo malo, por lo que no es justo que desde las redes o medios de comunicación se apuñale a un cadáver, como tampoco es de gente decente pretender tirarle el cuerpo del occiso a los pies del Presidente.

El asesinato de Ramírez ha sido un crimen deleznable, cuyos autores deben ser condenados a la pena máxima penal, pero es menester que los buitres se alejen y permitan que fiscales y jueces garanticen justicia.

Lo que me quiso decir el viejo fiscal es que si hay un asesinato debe haber uno o varios asesinos, porque en esos casos, no hay muertos sin matador.