BUENOS AIRES (AP) — La filial del gigante brasileño Odebrecht en Buenos Aires fue allanada el miércoles por fuerzas federales en el marco de una investigación por el supuesto pago de sobornos para la construcción de un sistema de potabilización de agua durante el gobierno de Cristina Fernández.
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, quien tiene a su cargo una investigación sobre una gigantesca obra concedida a Odebrecht para abastecer de agua potable a localidades del norte de la provincia de Buenos Aires.
Odebrecht reconoció como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense el pago de más de 700 millones de dólares a gobiernos de América Latina a fin de conseguir contratos millonarios de obras públicas. En el caso de Argentina, sus ejecutivos admitieron que pagaron 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, cuando gobernaba Fernández (2007-2015).
El allanamiento, a cargo de agentes federales, fue realizado en el piso 32 de un moderno edificio en el centro de Buenos Aires, según constataron periodistas de The Associated Press en el lugar.
La propia empresa reconoció el operativo judicial en un comunicado, por el cual también recordó que se presentó ante el juzgado de Casanello el pasado 9 de mayo y “ofreció colaborar de forma amplia y definitiva con las investigaciones”.
“La empresa reafirma su posición en colaborar con la justicia y espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente”, agregó.
La medida judicial se produce un día después de que Odebrecht también le ofreciera al gobierno de Mauricio Macri un acuerdo para colaborar con las investigaciones judiciales a cambio de continuar con la ejecución de las obras públicas en el país.
“El presidente dio una orden de que hay que tratar de conseguir la información completa lo antes posible… Ayer (martes) estuvo uno de los abogados de la empresa con nosotros, nos acercó una propuesta que en este momento se está examinando”, confirmó el ministro de Justicia, Germán Garavano, en diálogo con radio Mitre.
Si bien no dio detalles sobre la oferta de la compañía, el funcionario indicó que “el inconveniente más grande es que la propuesta está basada en la normativa brasileña, que tiene una normativa bastante diferente a la Argentina en relación a estos temas de aportar información y a lo que se llama delación premiada. Acá en Argentina en el caso de empresas no hay ninguna legislación”.
Garavano aclaró que la información que se pueda obtener de dicho acuerdo será entregada a la justicia.
En caso de que Odebrecht finalmente no colabore con la investigaciones, “es una posibilidad cierta” que el gobierno de Macri le quite los proyectos de obra pública en el país.
La compañía brasileña suscribió un acuerdo similar con República Dominicana, por el cual su gobierno renunció a procesar judicialmente a los ejecutivos a cambio del pago de una multa de 184 millones de dólares e información que permita presentar cargos contra funcionarios locales.
Perú, donde tres expresidentes aparecen involucrados en el escándalo, dispuso que Odebrecht no participe en próximas licitaciones de obras públicas.
En Argentina hay cuatro causas judiciales en curso contra Odebrecht. La que motivó los allanamientos de este miércoles al presunto pago de sobornos a funcionarios para ampliar la planta potabilizadora de la estatal Aysa en el río Paraná de las Palma, de la localidad de Tigre, suburbio al norte de la capital.
La obra pública durante la gestión de Fernández es objeto de múltiples investigaciones judiciales. La exmandataria está procesada en otra causa como supuesta jefa de una asociación ilícita que recibía sobornos de empresarios beneficiados con distintos negocios con el Estado.
Hasta el momento Fernández no está involucrada en las causas que investigan a Odebrecht.
Odebrecht, no obstante, también ha significado un dolor de cabeza para la actual gestión de Macri. Días atrás, el financista Leonardo Meirelles, un arrepentido clave del mega-escándalo de corrupción “Lava Jato” en Brasil, declaró en una videoconferencia con fiscales argentinos haber transferido 850.000 dólares en 2013 en supuestos sobornos provenientes de las constructoras Odebrecht y OAS a Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia y hombre de confianza del presidente Macri.
Pocos días antes de esta operación, Odebrecht había ganado la licitación para una obra en una de las principales líneas de ferrocarriles de Buenos Aires, en sociedad con la empresa argentina IECSA, propiedad de un primo del actual mandatario.
