WASHINGTON, EE.UU, (AP).- Donald Trump se está empezando a dar cuenta de que en la Casa Blanca tiene que cuidarse de lo que dice.
La retórica del nuevo presidente, así como las palabras de sus asesores y de sus allegados, fueron el principal sustento de las decisiones de dos jueces que por separado bloquearon su polémica restricción del ingreso de inmigrantes y refugiados esta semana.
Y sus tuits afirmando que su predecesor Barack Obama había interceptado sus conversaciones en su rascacielos neoyorquino han generado una reacción inusualmente unánime en el Capitolio: Nadie ve evidencia alguna que sustente la acusación de Trump.
La negativa reacción en el ámbito legal y el legislativo ha causado frustración e irritación en la Casa Blanca. Trump afirmó que los tribunales se estaban “extralimitando” en sus funciones de una manera “sin precedentes”. Su portavoz Sean Spicer, por su parte, declaró que el presidente reiteraba su acusación de que le habían interceptado sus comunicaciones a pesar de que tiene pocos aliados en este tema y de que no ha suministrado prueba alguna.
No es la primera vez que Trump debe responder por algo que ha dicho.
Como cabeza de una empresa de bienes raíces y como estrella de reality TV, siempre hizo afirmaciones exageradas y trató de llamar la atención. Pulió ese estilo a lo largo de décadas en las que lidió con los tabloides de Nueva York y frustró a sus rivales durante la campaña presidencial. Cada afirmación suya debió ser corroborada. Sus asesores recomendaron a sus votantes y a la prensa que lo tomasen en serio, aunque no literalmente.
Esa, sin embargo, no es una opción para el presidente de Estados Unidos. Su palabras pueden afectar los mercados financieros, tranquilizar o preocupar a los aliados, calmar u molestar a sus opositores, fijar la dirección de una política y, como pudo comprobar Trump esta semana, tener importantes implicaciones legales.
Jueces de Hawai y de Maryland se basaron en declaraciones de Trump, e incluso en comunicados de su campaña, al decidir bloquear su decreto prohibiendo temporalmente el ingreso de personas de seis países predominantemente musulmanes. El decreto era una versión revisada de otra orden ejecutiva previa que también había sido bloqueada por jueces en enero.
Si bien la Casa Blanca insiste en que la orden no es un veto a los musulmanes, los jueces hicieron notar que en la campaña presidencial Trump habló de prohibir temporalmente el ingreso de todos los musulmanes a Estados Unidos.
“El historial de declaraciones públicas sigue ofreciendo indicios convincentes de que el propósito de la segunda orden ejecutiva sigue siendo poner en vigor la tan anhelada prohibición del ingreso de musulmanes”, expresó el juez de distrito Theodore Chuang, de Maryland, en su dictamen del jueves.
También se están tomando en cuenta las descripciones que hicieron los asesores de Trump de esa política.
En Honolulu, la orden del juez de distrito Derrick Watson mencionó una entrevista televisiva en la que el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani declaró que Trump le había dicho que quería encontrar una forma legal de “prohibir a los musulmanes”.
Se recordó además que Stephen Miller, asesor de Trump y arquitecto de la política de refugiados y sobre inmigración, dijo que la nueva orden ejecutiva “iba a tener básicamente el mismo desenlace” que la primera.
Trump no parece tomarse muy en serio la orden del juez Watson. Durante un acto que tuvo lugar después de conocido su dictamen, admitió que la segunda orden era una “versión diluida de la primera”.
Norm Eisen, quien fue el principal asesor de Barack Obama en cuestiones éticas y cuestiona duramente a Trump, dijo que las palabras del presidente son un “desastre legal”, tanto para la actual orden ejecutiva como para las que puedan venir más adelante.
Trump, mientras tanto, lidia con las repercusiones de su afirmación de que Obama hizo que interfiriesen sus comunicaciones. No ha ofrecido pruebas de ello y ahora dice que se hizo eco de informes de prensa según los cuales los servicios de inteligencia estaban interceptando las comunicaciones de sus allegados con Rusia.
La Casa Blanca trató de dejar el caso en manos de las comisiones de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes, que investigan la posible interferencia de Rusia en las elecciones. Pero los legisladores se negaron y, por el contrario, exigieron pruebas al Departamento de Justicia.
Los principales legisladores de ambas comisiones dejaron en claro que no han visto nada que sustente las afirmaciones del presidente.
“En base a la información que tenemos disponible, no vemos indicios de que la Trump Tower haya sido vigilada por ningún elemento del gobierno ni antes ni después de las elecciones”, dijeron el presidente de la comisión de inteligencia del Senado Richard Burr, un republicano, y el vicepresidente, el demócrata Mark Warner, en un comunicado emitido el jueves.
