HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE.- El abogado Ramón Ramírez Montero, representante legal de los familiares del asesinado profesor universitario Yuniol Ramírez Ferrera, y hermano de éste, informó este jueves que apelará la decisión de la jueza Leonarda Quezada en cuanto a la solicitud de declinatoria de jurisdicción de la provincia de Santo Domingo a la del Distrito Nacional.
Ramírez Montero expresó a la versión digital de El Nacional que no acepta esa decisión de la jueza Quezada, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, ya que tiene pruebas fehacientes de que el asesinato de su hermano se produjo dentro del campus central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en el Distrito Nacional, y es donde debe conocerse el caso.
Sobre este caso, que fue declarado complejo por la juez Quezada, están implicados y le dictada este jueves un año de prisión preventiva como medida de coerción a Manuel Antonio Rivas, destituido director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA); al director financiero de esa institución, el coronel de la Policía Faustino Rosario Díaz; el empleado José Antonio Mercado Blanco (El Grande); y el empresario Eddy Rafael Santana Zorrilla, a quien le conocerán medida de coerción este viernes o el sábado, según información obtenida por este redactor.
La medida fue solicitada por el Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo, la cual estuvo representada por cinco procuradores fiscales adjunto enviado y apoderado por la titular Olga Diná Llaverías.
“Nos quieren poner un suero para que calmemos los ánimos y después hacer la justicia lo que le da la gana, y eso no sucederá.
Sostuvo el jurista Ramírez Montero que “nosotros vamos detrás de una condena definitiva. Medida de coerción de un año, ¡y después que!. Todos esos imputados son parte de una mafia, y todas las pruebas las tenemos”.
Abogados de los acusados
Los doctores Alberto Perdomo de los Santos y Ruddy Catalino Martínez, abogados del coronel de la Policía, Faustino Rosario Díaz, confirmó la decisión de la jueza Leonarda Quezada de un año de prisión preventiva como medida de coerción para su defendido y los demás implicados.
Por otra parte, el abogado Ulder Ramírez, quien representa a José Antonio Mercado Blanco (El Grande), denunció que a su cliente le dieron muchos golpes para obtener una confesión en base a falsedades y que la medida de coerción de un año de prisión preventiva que le dictó la jueza Quezada será apelada a partir del lunes, cuando será leída la sentencia.
De su lado, Francisco Adames, representante legal de exdirector de la Omsa, Manuel Rivas, afirmó que en este caso no sólo se persigue destruir a su cliente con esta acusación sino al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), su gobierno y aliados.
Defendió la inocencia de Rivas de quien dijo “es un hombre que no mata ni una mosca” y que procederá a su correspondiente apelación desde el lunes, sobre la medida de coerción.
