Tegucigalpa, (EFE).- Los hondureños acudirán el domingo a unas elecciones en las que por primera vez se aplica una Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, conocida como Ley de Política Limpia.
La nueva norma, aprobada en octubre de 2016, dio pie a la Ley de Fiscalización de Campañas Políticas y al nombramiento el 31 de mayo pasado de tres magistrados para que la hagan cumplir mediante una unidad especial, aunque no hubo la suficiente socialización que se hubiera deseado, según sus miembros y analistas.
Uno de los comisionados de la Unidad Especial, Javier Franco, dijo a Efe que “como todo lo nuevo, hubo desconocimiento y temores entre algunos”, pero que desde junio se trabajó “con todos los partidos políticos en la socialización y comunicación de la ley” y que en el proceso incluso “se evacuaron inquietudes”.
Franco recordó que el incumplimiento de la ley implica multas económicas, inhabilitación de candidatos a cargos de elección popular y la pérdida de personalidad jurídica de partidos políticos. La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos obliga a las instituciones políticas y candidatos a cargos de elección a abrir cuentas bancarias y rendir un informe financiero sobre contribuciones para garantizar transparencia en las campañas.
Básicamente, con la nueva ley, que es apoyada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), se busca que el narcotráfico y otros sectores delictivos financien a partidos y candidatos a cargos de elección popular.
En elecciones pasadas trascendieron denuncias de la presunta financiación de campañas políticas por el narcotráfico, lo que ninguna autoridad investigó. El comisionado señaló entre otros temas que “el 100 % de los partidos cumplió con el registro de cuentas y estados financieros”, lo mismo que “el 100 % de los candidatos en fórmula presidencial”.
Globalmente, el 96 % de los candidatos a cargos de elección popular ha cumplido con las aperturas de cuentas y estados financieros que establece la nueva ley, indicó Franco. Entre los que no han cumplido figuran candidatos a alcaldes y diputados.
Más de seis millones de hondureños están llamados a las urnas el próximo domingo para elegir al nuevo presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados al Parlamento nacional y 20 al Centroamericano y 298 alcaldes.
El presidente Juan Orlando Hernández, que busca la reelección bajo la bandera del Partido Nacional; Luis Zelaya, del Liberal, segunda fuerza de oposición en el Parlamento; y Salvador Nasralla, que lidera una Alianza de Oposición, parten, según los sondeos, con posibilidades de ganar los comicios.
Al margen de que ganen o pierdan, los candidatos deberán presentar un informe 15 días después de las elecciones, que serán las primeras del país centroamericano en la que se exige rigurosamente transparencia a la clase política.
En algunos casos los candidatos a cargos de elección no han hecho propaganda y las donaciones que han recibido es de tipo material, por lo que no habrían presentado estados financieros. Una docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa dijo a Efe que a un amigo suyo que aspira a un cargo de elección popular por un partido minoritario le hizo un aporte consistente en varios litros de agua para entregar a activistas en una concentración, porque no aceptaba dinero.
El vocero de la MACCIH, el exministro peruano Juan Jiménez, considera que la denominada Ley de Política Limpia está contribuyendo a la transparencia en la vida democrática del país y que en estas elecciones se ha reducido sustancialmente el gasto de millonarias campañas que se hacía antes.
Ahora, los políticos incluso tienen un tope para los gastos de campaña, algo que era impensable hasta el año pasado en Honduras, un país marcado por la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la injusticia y la corrupción, entre otros flagelos. Para el analista hondureño Filadelfo Martínez, la ley debe ser más socializada para que tenga los resultados que se espera de ella.
“Creo que hay que revisar un poco la ley, pero más que eso hacer una socialización; me parece que es un paso positivo, de eso no tengo duda”, indicó a Efe Martínez, quien es uno directivo de la organización Democracia sin Fronteras. Enfatizó que la nueva norma “se aprobó tarde, el mismo año de las elecciones, a pocos meses de las votaciones, por lo que no hubo posibilidades de socializarla”, al menos lo suficiente.
No obstante, sí “hubo posibilidad en este proceso de socialización de derribar las desconfianzas lógicas que hay después de años de tener campañas electorales abusivas”, en alusión a la falta de transparencia, sin rendición de cuentas al pueblo, que tradicionalmente ha habido en la política hondureña.
