BUENOS AIRES, ARGENTINA, (AP).- Un tribunal argentino concedió el miércoles al expolicía Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua en varias causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, el beneficio del arresto domiciliario por cuestiones de salud, en una resolución que desató el repudio de organismos de derechos humanos.
Etchecolatz, quien con 88 años es el preso de mayor edad del sistema carcelario federal, es considerado un símbolo del aparato represivo que persiguió y asesinó disidentes durante el régimen de 1976 a 1983.
El tribunal oral en lo criminal federal número seis de Buenos Aires accedió al pedido del defensor del expolicía atendiendo a su edad y dolencias de salud, entre ellas las secuelas de un accidente cerebro vascular que sufrió en agosto.
La legislación argentina contempla el beneficio del arresto domiciliario para los mayores de 70 años, aunque en el caso de los condenados por delitos de lesa humanidad no siempre se ha otorgado.
Según la defensa oficial del expolicía, las dolencias que aquejan a Etchecolatz, corroboradas por el Cuerpo Médico forense de la Justicia Nacional y el Servicio Penitenciario Federal, “lo convierten en un paciente con pronóstico reservado y riesgo elevado de sufrir descompensaciones en forma aguda, sin descartar muerte súbita”.
En otras siete causas judiciales, algunas con condena y otras en curso, los jueces habían dispuesto el arresto domiciliario de Etchecolatz, pero no se había hecho efectivo por estar pendiente el pronunciamiento de este tribunal.
En su fallo, los magistrados sostuvieron que los informes médicos corroboran “un delicado cuadro de salud por parte de Etchecolatz que amerita el otorgamiento del beneficio solicitado, ya que resulta claro que, más allá de la cronicidad de las patologías que padece el nombrado, con el transcurso del tiempo se ha venido presentando una situación de progresivo deterioro de su salud y estado clínico general”.
El expolicía será trasladado a un domicilio en el sur de la provincia de Buenos Aires y quedará a cargo de su esposa.
Organismos de derechos humanos sostienen que la dictadura asesinó a 30.000 disidentes. Las cifras oficiales reducen ese número a unos 7.000.
La primera condena contra Etchecolatz data de 2006 en un juicio en el cual uno de los principales testigos, Jorge Julio López, desapareció pocos días después de la sentencia y nada más se supo de él. Los investigadores pusieron la lupa sobre el excomisario y sus conexiones con la fuerza policial, pero hasta el momento no se comprobó su responsabilidad en el hecho.
La resolución a favor del excomisario de la provincia de Buenos Aires, que tuvo a su cargo varios centros clandestinos de detención y tortura, fue repudiada por dirigentes políticos y sociales, quienes lo tomaron como un retroceso en materia de derechos humanos.
“Es un insulto a la historia y al pueblo argentino”, expresó el diputado y sindicalista Hugo Yasky a través de twitter.
“Etchecolatz es un genocida. Pase el tiempo que pase”, señaló la agrupación H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el silencio). Este grupo tomó trascendencia en la década de 1990 por las protestas frente a los domicilios de los militares protegidos por indultos y leyes de amnistía que recién fueron anuladas a partir de 2003.
“Con un genocida en el barrio, todos/as estamos en peligro. El único lugar para un genocida es la cárcel común, perpetua y efectiva”, afirmó la agrupación.
Este año Etchecolatz también fue noticia cuando su hija confesó en una entrevista que se había cambiado el apellido por vergüenza y que había participado de una multitudinaria protesta contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia que beneficiaba a los condenados por crímenes de lesa humanidad y que luego quedó sin efecto por una ley de Congreso.
