Por contener errores materiales que imposibilitan su ejecución, la Armada de la República Dominicana recurrió en revisión por ante el Tribunal Constitucional (TC) la sentencia que ordena el reintegro de un capitán de navío puesto en retiro luego de una investigación que arrojó como resultado la comisión de faltas graves en el desempeño de sus funciones.

La Armada le explicó al TC que en ningún momento ha desacatado la sentencia que dispone el reintegro del capitán Huascar Miguel Peña Lizardo, en virtud de que contra ella interpuso un recurso de revisión en el cual, entre otras cosas, hizo constar el historial de las causas por las que el militar fue puesto en retiro.

Entre las observaciones, La Armada le hizo saber al TC que dicha sentencia es de imposible ejecución en vista de que los reintegros de los oficiales los dispone el Poder Ejecutivo y no ese organismo militar.

El Nacional obtuvo copias del recurso de revisión en el cual, entre otras cosas, figuran las causas por las cuales Peña Lizardo fue puesto en retiro con el rango de capitán de fragata.

Su hoja de bajas dice que el Poder Ejecutivo lo declaró en retiro forzoso con disfrute de pensión, por haberse demostrado que organizó una asociación para realizar actos reñidos con la ley y las directrices de la Armada en compañía de los alféreces David Jiménez Carela, Pedro Díaz Pérez y el sargento mayor José Ventura Sandoval.

En específico, fue puesto en retiro luego de que alegadamente se comprobara que se asoció con los citados agentes para cobrarles 500 mil pesos a los extranjeros Jaques Francois Jules Thury y Hallet Eric, para permitirles la construcción de una villa de dos niveles al lado del río Balata, en la sección Coson del municipio Las Terrenas, provincia de Samaná.

Dicha hoja dice que fue puesto en retiro por haberle mentido a la comisión que realizó la investigación, en vista de que negó haber tenido comunicación vía telefónica con el extranjero Hallet Eric, lo que alegadamente no se corresponde con la verdad puesto que se comprobó mediante un cruce de llamadas que se hizo a su teléfono que sí hubo una comunicación entre ambos.

En su sentencia, 0367-14, dictada a favor de Peña Lizardo, el TC explicó que a pesar de que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas es clara en lo que respecta a los requisitos para retirar a uno de sus miembros, la Armada no presentó pruebas que justifiquen el retiro del citado oficial, limitándose a argumentar que fue de manera forzosa. Consideró, además, que no hay constancia en el expediente del decreto emitido por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, El Nacional obtuvo copias de las pruebas presentadas por la Armada Dominicana para justificar el retiro de dicho militar.