SANTIAGO. El arzobispo de esta arquidiócesis, Benito de la Rosa y Carpio, respaldó el Reglamento para la aplicación de la Ley 169-14 sobre Naturalización y Regularización de Extranjería en el país y valoró como positiva la posición asumida por el presidente Medina en torno al problema migratorio. De la Rosa y Carpio consideró que el presidente Medina dio un paso muy importante al emitir un decreto estableciendo al Reglamento de la indicada legislación para dejar resuelto un problema que debió haberse resuelto hace años.
Señaló que en un país democrático como el dominicano, hay que admitir que haya voces disidentes, al comentar las críticas de algunas personas contra la iniciativa gubernamental. El prelado dijo que en un país donde hay tantas quejas, hay que esperar las dos cosas, la disidencia por la democracia y por aquellos que se quejan de todo aunque no sea en democracia”.
“Entonces, yo creo que se ha dado un paso muy importante; nada es perfecto, se puede perfeccionar, pero es un gran paso y un camino de solución”, indicó De la Rosa y Carpio al referirse al conflicto generado por la sentencia del Tribunal Constitucional, que establece que no son dominicanos los hijos de extranjeros ilegales nacidos en el país.
El dignatario católico expresó que hasta las entidades internacionales no han tenido más remedio que reconocer la actitud abierta y buena disposición del Gobierno para buscarle una salida humanitaria y legal a un problema, “a pesar de las presiones que nos han hecho.
De la Rosa y Carpio dijo que los organismos internacionales, que han presionado, y las autoridades haitianas deben apoyar al país para que el plan de regularización de extranjería marche lo mejor posible.
El Reglamento para la aplicación de la ley de naturalización y regularización de extranjería ha tenido amplio respaldo en los distintos sectores del país.
Monseñor de la Rosa y Carpio y representantes de diversos sectores, como el empresarial, han minimizado las críticas al Reglamento para la aplicación de la Ley 169 y la consideran una acción aceptable del Gobierno.
