Los partidos políticos, llamados a promover y garantizar transparencia en el manejo o administración del dinero público, se han convertido en violadores de la ley, al recibir cada año del Estado centenares de millones de pesos sin presentar adecuados informes sobre el destino dado a esos recursos.
Tampoco esas instituciones partidarias rinden informes contables o financieros sobre el dinero que reciben del sector privado ni identifican a los donantes físicos o corporativos, como lo dispone el artículo 55 de la Ley Electoral.
Este año, los partidos de la Liberación (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Dominicano (PRD), se distribuirán 644 millones de pesos, y los demás $161 millones, que suman $805 millones que saldrán de los bolsillos de los contribuyentes.
A los ciudadanos les asiste el derecho de saber cómo los partidos gastan o invierten hasta el último centavo que reciben de las arcas públicas, porque esas altísimas sumas de dinero no pueden destinarse a ningún festín oculto ni manejarse a discrecionalidad de líderes y dirigentes, sino de conformidad con la ley.
Es por eso que se resalta el pedido de la Junta Central Electoral (JCE) para que la Cámara de Cuentas audite a las organizaciones políticas que reciben fondos públicos, aunque también debería auditarse todo tipo de financiamiento privado.
El liderazgo partidario carece de autoridad moral para reclamar transparencia en el manejo de fondos estatales, ni para exigir castigo a la prevaricación o fin de la impunidad, porque no han sido ni mínimamente transparente en la administración del dinero ajeno.
La ciudadanía tiene el compromiso de incluir a los partidos políticos en su portafolio de exigencias o reclamos sobre fin de la corrupción, porque esas entidades son depositarias de recursos públicos y no rinden informes sanos y precisos sobre su destino, ni tampoco revelan los pormenores de posibles financiamientos de entes corporativos nacionales o extranjeros.
Todos los partidos políticos tienen la obligación de asearse con el detergente de la ley, de convencer a la sociedad del manejo pulcro que se debe dispensar a los centenares de millones de pesos que reciben de un Estado pobre y de los muchos millones que seguramente ingresan por puertas traseras.
