El tema de la agrupación de los jueces en un organismo que los reúne, así como los límites y prerrogativas que le asisten a esa entidad, han estado sobre el tapete en los últimos días. Los argumentos, sin embargo, han sido mezclados. El debate ha girado más en torno al derecho de asociación de estos profesionales, que al caso específico que concitó la polémica.
Todo comenzó con la sentencia que ordenó el archivo del expediente del caso Bahía de las Águilas, la cual generó una ríspida reacción del procurador general de la república. A esta actitud siguió una comunicación de la asociación de jueces protestando por el comentario del máximo representante del ministerio público, con una comparecencia en un programa de radio de la presidente de dicha asociación.
Al presidente de la suprema corte de justicia, al mismo tiempo presidente del consejo del poder judicial, le molestó el comunicado de la asociación de Jueces y la participación de su dirigente en un medio de comunicación e incluso desmintió algunas de sus declaraciones.
En ese contexto se produce el escarceo que ha sido focalizado de forma distorsionada hacia el reconocimiento o la negativa del derecho que les asiste a los jueces de asociarse para defender sus intereses como sector.
Llevar las cosas a ese plano no tiene ningún sentido porque constituye un absurdo pretender que a estas alturas de la humanidad y con el mayor o menor desarrollo democrático que hemos alcanzado se le niegue algo elemental a un conglomerado determinado. Eso no está en discusión. No solo es un derecho que no se puede escamotear, sino que resulta positivo desde múltiples perspectivas que sea ejercido.
Ahora bien, como todo en la vida, el ejercicio de una facultad inalienable tiene sus condicionantes y esa legítima asociación no puede suponer que todo le está permitido y que no hay aspectos que deba considerar al momento de insertarse en el foro ciudadano.
En el caso específico que nos ocupa, comprendo las razones del presidente de la SCJ para sentirse incómodo con las declaraciones de la vocera de la asociación. Lo colocaron en una difícil situación al arriesgar las relaciones entre el poder judicial y el ministerio público, y eso es algo que forma parte de las atribuciones indelegables del consejo del poder judicial y, de manera particular, de su presidente. Como un ministro no puede asumir atribuciones propias del presidente de la nación.
