En una acción inusual, la cónsul general de Estados Unidos, Silvia D. Johnson, acudió al despacho del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario, a quien le requirió sus pasaportes oficial y ordinario para cancelarle con un “matasellos” los visados de ingreso a esa nación.
La señora Johnson habría dicho al doctor Rosario que la decisión de impedirle ingreso a territorio estadounidense fue adoptada por el Departamento de Estado, una medida sobre la cual la embajada de Estados Unidos dijo por Facebook que no afectaría las relaciones con República Dominicana.
Es obvio que se trata de un atropello incalificable e innecesario contra un funcionario del Estado dominicano, a quien previamente el embajador James Brewster habría amenazado con despojarlo del visado, lo que finalmente convirtió en reprochable retaliación.
Se admite el derecho de Estados Unidos a otorgar o rechazar de manera discrecional permisos de ingreso a su territorio sin mayores formalidades que alguna justificación de rigor, pero en el caso del presidente de la JCE, esa medida tiene tintes de represalia por acciones tomadas o dejadas de tomar por ese funcionario.
Llama la atención que la revocación de esos visados se produce un día después de que el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, leyó en Washington el informe de la Comisión de Observación Electoral de la OEA, cuyo contenido no refiere la comisión de fraude en las elecciones de mayo 15, aunque sugiere medidas jurídicas y administrativas para el proceso comicial.
En una ocasión, la embajada estadounidense pidió expresamente a un periódico que le preguntara por escrito si había dispuesto la cancelación del visado a un funcionario de gobierno, lo que respondió afirmativamente con el evidente propósito de que la comunidad nacional se enterara de su decisión.
En aquella ocasión se dijo que el funcionario afectado sostuvo un altercado con el entonces embajador norteamericano, lo mismo que se dice habría sido el motivo de la revocación del visado al doctor Rosario Márquez.
La decisión de la embajada estadounidense obliga a pensar en las severas objeciones de esa legación al cumplimiento por parte de la Junta Central Electoral de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional referida a nacionalidad, migración e inscripción en el Registro Civil.
El mismo derecho que enhiesta el Departamento de Estado y su embajada en Santo Domingo, de otorgar o cancelar visados, lo tiene el Estado dominicano y sus instituciones a un desempeño apegado al irreductible principio de soberanía y autodeterminación. Dos intervenciones militares son más que suficientes.
