Los problemas migratorios con los haitianos en República Dominicana tomaron mayor impulso con el boom de la industria azucarera en los años 1966 y 1974, por la gran demanda de azúcar en los mercados internacionales, como consecuencia de la extensión de la guerra de Vietnam y la intervención de Estados Unidos en ese conflicto.
La tonelada métrica llegó a cotizarse hasta 73 dólares en el mercado norteamericano, principal destino del producto.
Esa gran demanda contribuyó a que la industria azucarera dominicana, dividida entre los sectores privado (Grupo Vicini y Golf and Western hoy Central Romana) y el estatal, representado por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), con sus doce ingenios, tomara un gran auge y se requiriera de una mayor mano de obra que sólo Haití podía proporcionar más barata por tener una masa de ciudadanos pobres en disposición de trabajar en el campo en condiciones casi de esclavitud, mientras escaseaba la local, pues el campesino y el obrero agrícola comenzaron un éxodo desde el campo hacia las zonas urbanas de las principales ciudades y hacia Santo Domingo, la capital.
Vista la situación de demanda de mano de obra, de manera automática comenzó un flujo migratorio de campesinos y gente pobre de las poblaciones haitianas hacia República Dominicana para participar en la industria azucarera, en labores como bueyeros, cargas en carretas (carreteros), siembra y corte de caña.
Ese flujo independiente de trabajadores haitianos, pero no en cantidades suficientes, motivó al Gobierno dominicano a proponer al presidente y dictador de Haití, Francois Duvalier (Papa Doc), la contratación de miles de obreros agrícolas de ese país. En vista de los beneficios económicos que tendría la propuesta para el Gobierno haitiano, Papa Doc la acogió y se procedió a la contratación formal de esos trabajadores, en cantidades de 20 a 22 mil para cada zafra.
Mediante ese sistema de contratación, se garantizaba transporte a los obreros, la entrega de una tarjeta rosada de identificación plastificada, que le calificaba como contratado para una zafra, y al concluir ésta su repatriación, para lo cual se habilitaba un lugar como centro de recibimiento, regularmente en la localidad de Guanuma o en la Casa García, por la entrada del kilómetro 22 de la autopista Duarte (próximo a la zona que abarca el Merca Santo Domingo), bajo la supervisión del CEA, la embajada de Haití y la seguridad del Ejército dominicano.
Los “ambafiles”
Debido a la insuficiencia del personal haitiano contratado para las labores de corte y tiro de caña, el Gobierno dominicano a través del CEA, se veía precisado a buscar fuera de contrato, y de manera ilegal, entre 10 a 12 mil braceros del vecino país, que se integraban de forma individual en los campos y bateyes o el Estado a través de un personal especializado los reclutaba en el mismo territorio haitiano y los cruzaba hacia territorio dominicano, para lo cual utilizaban los recintos militares fronterizos para que pernoctaran. A altas horas de la noche o en las madrugadas eran transportados en camiones y patanas, bajo la vigilancia de soldados del Ejército hasta los centros de recibimiento para su posterior distribución a los bateyes y colonias.
A esos obreros haitianos que eran traídos desde Haití hacia República Dominicana para integrarlos a las labores agrícolas de la industria azucarera se les denominaba “ambafiles” (por debajo de las alambradas), por ser esa una operación clandestina e ilegal.
Todas esas labores eran supervisadas por el general retirado Zacarías de la Cruz (capitán del Ejército que acompañaba al dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina la noche del 30 de mayo de 1961 cuando fue ajusticiado, hecho en el que resultó herido de un disparo en el cuello). Se desempeñaba como Supervisor General de Braceros del CEA.
Para garantizar su permanencia en los bateyes y colonias, el CEA les permitía a esos obreros haitianos venir al país de manera ilegal con su mujer y sus hijos, los cuales eran dotados de una ficha (se les tomaba fotos de dos en dos con una numeración a cada uno) y eran registrados con los nombres que ofrecían, la mayoría de las veces incorrectos, porque utilizaban los de artistas y personajes dominicanos y latinoamericanos.
Regularmente esos nombres y apellidos eran mal escritos en creolle por los mecanógrafos y el personal de oficina que los registraba.
Esas fichas eran archivadas en el Departamento de Braceros del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) que operaba en el Ingenio Río Haina y éstas les servían para ellos poder demostrar que trabajaban en los ingenios estatales y para fines de recibir servicios de salud en las policlínicas del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), para el cual cotizaban.
Para ellos esas fichas eran su documento de identificación para estar en el país (les decían cedulá).
Esos obreros agrícolas “ambafiles” no eran repatriados al final de las zafras y la gran mayoría se quedaba en territorio dominicano sin que la Dirección General de Migración ni demás autoridades les impusieran controles. Algunos retornaban a su país por cuenta propia, pero luego regresaban, pues allá no había impulso en la economía ni un desarrollo ni centros de trabajos suficientes que les garantizara un empleo y la subsistencia de ellos y sus familias.
Es así como cientos de miles de haitianos han permanecido en República Dominicana, contribuyendo al desarrollo de su industria azucarera y de otros sectores de la economía, pero bajo las condiciones de ilegalidad que el mismo Estado (el Gobierno), y sectores privados han impulsado y permitido.
Miles formaron familias y se multiplicaron, formando descendencias. Muchos lograron ser declarados y al nacer en territorio dominicano, constitucionalmente les pertenecía la nacionalidad, un acta de nacimiento y documentaciones, lo cual varió a partir de la eliminación del “jus solis” con la reforma constitucional del 2010 y la Resolución 168-13, de septiembre del 2013, del Tribunal Constitucional.
Con el desmembramiento de la industria azucarera estatal, la gran mayoría de los obreros cañeros haitianos fue asimilada por la industria de la construcción, la producción agropecuaria y el comercio informal.
El flujo migratorio de los haitianos hacia República Dominiana ha sido mayor en los últimos años por la gravedad de la crisis económica de Haití y a causa del terremoto de enero del 2010.
Política migratoria
Por lo descrito, la falta de controles y la no aplicación de una adecuada política sobre las migraciones de extranjeras, los problemas migratorios de hoy con los haitianos han sido una responsabilidad histórica de los gobiernos y el Estado dominicanos, con la complicidad de las autoridades haitianas.
Es precisamente por estar consciente de esa situación que el presidente Danilo Medina ha sido el jefe de Estado que mayor flexibilidad ha tenido con los haitianos y ha tratado de resarcir esa deuda social relegada en el tiempo.
La presión internacional en el caso haitiano, no ha venido sólo por el alegado interés de Francia, Canadá y Estados Unidos de fusionar los dos países por razones comerciales, sino porque durante años empresarios y el Estado dominicano violaron y negaron a los haitianos parte de sus derechos.
UN APUNTE
Plan de Regularización
Durante años se planteó que el Gobierno decretara una amnistía para los haitianos y demás extranjeros ilegales en el país, a partir de 1929, para su registro y regularización, nacionalizar a los que nacieron en territorio dominicano, y así el país frenara la presión internacional, mientras los que entraron con sus documentos legales y que cayeron en situación de irregularidad que cumplieran con las leyes vigentes, en lo referente a la nacionalización y naturalización.
El Gobierno ha demostrado a la comunidad internacional, con el Plan de Regularización y la ley 169-14, un real interés en resolver la situación de los inmigrantes en el país, fundamentalmente haitianos, la cual sigue generando tensión.
En Números
11,000
braceros ilegales
Esa cantidad de trabajadores agrícolas haitianos fueron reclutados en el año 1977, cuando no hubo contratos legales de haitianos, por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para integrarlos al corte y tiro de caña en sus ingenios. La mayoría no fueron repatriados por las autoridades dominicanas.
