Editorial

   Aún hay tiempo

   Aún hay tiempo

Tres supuestos asaltantes que  asesinaron en Cotuí a un  comerciante holandés, en cuya residencia intentaron robar, cayeron abatidos ayer al enfrentar  a tiros a una patrulla de la Policía que intentó detenerlos,  en otro suceso que  resalta el preocupante auge de la violencia delincuencial, pero también la resuelta  decisión policial de  enfrentarla.

Las autoridades  definen a uno de los  presuntos  delincuentes abatidos, Miguel Angel Martínez (Vitifey), como cabecilla de una banda de sicarios y asaltantes  que perpetraban sus acciones vestidos de  guardias y policías, con armas de alto calibre y chalecos antibalas. El pasado día 10, la Policía mató a otros tres alegados  sicarios en  la comunidad de  Puñal, en Santiago, durante otro presunto enfrentamiento.

Se ha informado también que al menos 10 profesionales han caído abatidos en las últimas semanas a manos de  asesinos  a sueldo, lo que agrava el drama de la inseguridad pública  y obliga  a Gobierno y sociedad a  separar un espacio de reflexión en torno al creciente flagelo de la delincuencia.

En la vorágine de una guerra no declarada entre la Policía y grupos de sicarios,  el jefe de la institución reclama de la Comisión de Derechos Humanos, que incluya también en su contabilidad de decesos a los agentes que caen abatidos por delincuentes, aunque lo que  todos deberían aspirar es a que la prevención se convierta en el instrumento por excelencia para reducir el número de crímenes y delitos.

Para poder conjurar la creciente criminalidad se requiere  en primera instancia que Policía, Ministerio Público y orden judicial unifiquen criterios y coordinen acciones de prevención,  persecución, investigación y condena de infracciones tales como  asesinatos, secuestros,  atracos, asaltos,  robos y otros crímenes.

Poderes públicos y sociedad  deberían  saber que  la injusta distribución del ingreso público y la inequidad social son fuentes primigenias de delincuencia y criminalidad y que, por tanto,  la aplicación de políticas públicas de reducción de pobreza y marginalidad es  remedio infalible  para la prevención de esos males.

República Dominicana todavía está a tiempo de contener el auge de la delincuencia, que sin atención oportuna e integral se convertiría en pandemia de criminalidad como la que abaten a México, donde 30 mil personas han muerto por violencia relacionada con el narcotráfico, y Brasil, donde la delincuencia que fluye de las favelas se vuelve incontrolable.

Marcos Camacho (Márcola),  narcotraficante brasileño, ha advertido desde su celda en Sao Paulo, que  ni aun  con la inversión de billones de dólares el gobierno federal podría disminuir   la criminalidad, porque en más de 560 favelas cohabitan  cien mil “hombres bombas”, que constituyen una nueva especie, para quienes  la muerte es comida diaria.

El Nacional

La Voz de Todos