Tres supuestos asaltantes que asesinaron en Cotuí a un comerciante holandés, en cuya residencia intentaron robar, cayeron abatidos ayer al enfrentar a tiros a una patrulla de la Policía que intentó detenerlos, en otro suceso que resalta el preocupante auge de la violencia delincuencial, pero también la resuelta decisión policial de enfrentarla.
Las autoridades definen a uno de los presuntos delincuentes abatidos, Miguel Angel Martínez (Vitifey), como cabecilla de una banda de sicarios y asaltantes que perpetraban sus acciones vestidos de guardias y policías, con armas de alto calibre y chalecos antibalas. El pasado día 10, la Policía mató a otros tres alegados sicarios en la comunidad de Puñal, en Santiago, durante otro presunto enfrentamiento.
Se ha informado también que al menos 10 profesionales han caído abatidos en las últimas semanas a manos de asesinos a sueldo, lo que agrava el drama de la inseguridad pública y obliga a Gobierno y sociedad a separar un espacio de reflexión en torno al creciente flagelo de la delincuencia.
En la vorágine de una guerra no declarada entre la Policía y grupos de sicarios, el jefe de la institución reclama de la Comisión de Derechos Humanos, que incluya también en su contabilidad de decesos a los agentes que caen abatidos por delincuentes, aunque lo que todos deberían aspirar es a que la prevención se convierta en el instrumento por excelencia para reducir el número de crímenes y delitos.
Para poder conjurar la creciente criminalidad se requiere en primera instancia que Policía, Ministerio Público y orden judicial unifiquen criterios y coordinen acciones de prevención, persecución, investigación y condena de infracciones tales como asesinatos, secuestros, atracos, asaltos, robos y otros crímenes.
Poderes públicos y sociedad deberían saber que la injusta distribución del ingreso público y la inequidad social son fuentes primigenias de delincuencia y criminalidad y que, por tanto, la aplicación de políticas públicas de reducción de pobreza y marginalidad es remedio infalible para la prevención de esos males.
República Dominicana todavía está a tiempo de contener el auge de la delincuencia, que sin atención oportuna e integral se convertiría en pandemia de criminalidad como la que abaten a México, donde 30 mil personas han muerto por violencia relacionada con el narcotráfico, y Brasil, donde la delincuencia que fluye de las favelas se vuelve incontrolable.
Marcos Camacho (Márcola), narcotraficante brasileño, ha advertido desde su celda en Sao Paulo, que ni aun con la inversión de billones de dólares el gobierno federal podría disminuir la criminalidad, porque en más de 560 favelas cohabitan cien mil hombres bombas, que constituyen una nueva especie, para quienes la muerte es comida diaria.