Cada vez que el gobierno del presidente Leonel Fernández necesita hacer recortes en los presupuestos de las instituciones públicas, incluye organismos muy sensibles como el sector educativo y el Poder Judicial, que necesitan inyecciones económicas para tener rendimiento óptimo.
El intento de reducir la asignación económica de la Suprema Corte de Justicia para cubrir déficit fiscales, es un indicador de la insensatez de las actuales autoridades, que ignoran que una buena administración del Poder Judicial, es sinónimo se seguridad jurídica. El Poder Ejecutivo trata de limitar la independencia del Poder Judicial tratando de colocar las decisiones judiciales a su eje de influencia, lo que desmiente que exista la separación de poderes.
La ley 4797 otorga autonomía administrativa al Poder Legislativo y al Poder Judicial y la 194-04 establece los porcentajes de ingresos internos estimados por cuentas, correspondiendo a la Judicatura un 2.66%. Es insuficiente la partida asignada al Poder Judicial, correspondiente a este año, y que asciende a RD$3,362,204,138.00. Solamente las recaudaciones de la jurisdicción Inmobiliaria sobrepasan esa suma e indica que el área Judicial genera sus propios recursos.
Es penoso que muchos tribunales funcionen en locales alquilados, algunos de ellos en condiciones deplorables. En la provincia Santo Domingo utilizan un furgón..
Desde tiempos inmemoriales, el Poder Judicial ha funcionado como dependencia del Poder Ejecutivo y sólo hay que recordar que cuando el dictador ilustrado, Joaquín Balaguer, perdió las elecciones de 1978, quiso y logró, fraudulentamente, una mayoría mecánica en el Senado, que tenía la facultad de designar a los jueces.
Para nadie es un secreto que determinadas decisiones judiciales, han tenido marcada influencia de la autoridad gubernamental, sepultando el interés de amplios sectores de la sociedad dominicana de que los poderes del Estado sean realmente independientes.
