El tema de Bahía de Las Águilas y su entorno, como todos los casos en los cuales está involucrado el uso intensivo de recursos naturales, genera mucha controversia e induce a las partes interesadas a incurrir en posiciones extremas y, por eso, improcedentes.
De radicales califico tanto los juicios que se inclinan por no tocar las zonas con potencialidades de explotación turística, bajo el argumento de no afectar el medio ambiente, como los que se manifiestan a favor de un uso intensivo de las mismas sin reparar en lo más mínimo en su preservación.
En el caso específico de Bahía de Las Águilas el asunto se ha complejizado más por el hecho de que se han mezclado, quizás no de forma casual, el asunto relativo a la explotación del área propiamente dicha, con el atinente al supuesto derecho de propiedad sobre terrenos por parte de muchas personas.
En cuanto al primero, valoro como positivo todo esfuerzo dirigido a descubrir formas que podrían contribuir a poner los recursos naturales al servicio del desarrollo de las regiones y su población. Soy partidario de la armonización entre la defensa de la naturaleza y la utilización de esta como instrumento a disposición del incremento de las condiciones materiales de existencia de los seres humanos.
En lo que concierne al tópico relativo a la propiedad de los terrenos, resulta inconcebible que alguien pueda alegar derechos de propiedad en zonas que, en tanto y en cuanto son clasificadas como parques nacionales, deben ser consideradas al margen del mercado inmobiliario. Si alguien alega que su derecho ha surgido con antelación a la declaración de zona protegida, entonces debe demostrar la legalidad y legitimidad de su adquisición.
Está a la vista de todo el mundo el origen espurio de los títulos esgrimidos como pruebas de propiedad sobre terrenos donde se pretenden impulsar proyectos de desarrollo en el suroeste del país. Existen múltiples evidencias de que los mismos son el resultado de fraudes orquestados con alevosía para esquilmar una parte valiosa del patrimonio nacional con la expectativa de lucrarse.
No se justifica que, ocurridos así los acontecimientos, desde el ámbito gubernamental se tome la decisión de darle visos de legalidad a una barbaridad de esa magnitud, con lo cual, estaría incurriendo en una actuación de complicidad inaceptable. Nadie dudaría, a partir de eso, que mañana alguien alegue ser propietario del propio Palacio Nacional y exija, por ello, ser compensado.
