A través de la clausurada inmobiliaria Propierbon se captaban recursos de forma ilícita utilizando la fachada del Banco Providencial, cuyos directivos ofrecían a los ahorristas intereses más altos que la entidad bancaria, establece la Fiscalía.
En la investigación sobre el fraude por 600 millones de pesos cometido en el Banco Providencial, el Ministerio Público sostiene que los directivos de la entidad, además de la maniobra fraudulenta cometida, falsearon los estados financieros dando informaciones falsas a las autoridades monetarias para justificar un desencaje legal del banco.
Los principales ejecutivos de la inmobiliaria Propropierbón son los imputados Aquiles Hernández Bona e Ivette Hernández Bona.
La Fiscalía señala que los encartados en el fraude también falsearon la firmas de accionistas en asambleas extraordinarias para simular legalidades.
Refiere el órgano acusador que para lograr la captación ilícita de los fondos, los imputados seducían a los ahorrantes, ofreciéndole un interés mayor al del Banco Providencial, pero garantizándole el respaldo de la entidad bancaria, que sí estaba regulada por las autoridades monetarias.
Añade que con esa práctica hacían más creíbles las operaciones, ya que los ahorristas veían que tanto sus depósitos, como el pago de los intereses estaba respaldado por el Banco Providencial.
Detalla la acusación que la querellante Josefina Victoria Rafaela, quien era miembro del Consejo de Administración del Banco, establece que ella no formó la nómina y acta de asamblea general ordinaria del 30 de marzo, del 26 de abril, del 26 de agosto, del 29 de agosto, ni del 27 de diciembre de 2011. Tampoco la del 10 de mayo de 2012.
“Lo que evidencia que los acusados falsificaban las firmas de miembros del consejo para dar apariencia de licitud a acciones dolosas y de que en el banco funcionaban sus organismos, cuando en realidad los imputados eran los que hacían todo en el banco”, agrega.
Los imputados por el fraude enfrentan juicio preliminar en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acusados de estafa, asociación de malhechores, abuso de confianza, lavado de activos, uso de documentos falsos y violación a la Ley Monetaria y Financiara 163.02.
